“Asunto muy grave para las garantías ciudadanas”

ARRECIFES

Pre-juicios

Sin disimular el orgullo que les producía, la Policía Nacional mostraba el domingo pasado la cifra de más de mil millones de pesos incautados en efectivo a distintas personas en diversos lugares del territorio nacional. La razón de la incautación del dinero y de la detención temporal de sus poseedores, según la Policía Nacional, era la de prevenir la comisión de posibles delitos “contra mecanismos de participación democrática”.

Por supuesto que en las redes sociales y en los medios de comunicación celebraron. Semejantes hechos son todo un manjar noticioso. Políticos, dinero en efectivo y posible corrupción electoral, se venden solos. No hace falta ningún análisis. No hay lugar a desconfianza.

Sin embargo, el asunto es muy grave para las garantías ciudadanas y no precisamente por los posibles delitos electorales.

Colombia deber ser el único país capitalista en el que es delito cargar dinero en efectivo. La Policía Nacional actúa como si fuera una especie de guardia de los bancos para obligar a la gente a usar el sistema bancario y no andar por ahí con dinero en efectivo.

Lo más preocupante son las explicaciones de la Policía para justificar las incautaciones y detenciones. Que los “aprehendidos” no justificaron la posesión del dinero. Se establece por parte de los policías una presunción de ilegalidad en contra del que posee dinero en efectivo, como si tenerlo fuera, per se, una actividad ilícita en sí misma considerada o indicio grave y necesario de estar incurso en algún delito.

Se supone, y recalco el se supone, que en Colombia existen la garantía constitucional que se llama presunción de inocencia y el  principio de buena fe. De acuerdo con ello, a ningún ciudadano le corresponde justificar la tenencia de bienes (dinero entre ellos), sino que al Estado le corresponde probar que tienen origen ilícito o injustificado.

La propia Corte Suprema de Justicia ha dicho (Radicación 22.179) que es inconstitucional suponer que la falta de justificación inmediata de una suma de dinero conduzca a concluir inexorablemente que se trata del fruto de una actividad ilegal o ilícita. Y es que así tiene que ser, porque es al Estado al que le corresponde derruir la presunción de inocencia no al particular probarla.

Lo peor es la inseguridad jurídica que semejantes actuaciones de la Policía producen. En el mismo día le decomisaron a un ciudadano cuatrocientos millones de pesos y a otro cincuenta millones. Y sé de gente a la que le han quitado 5 o 10 millones de pesos. ¿Cuánto estamos autorizados los ciudadanos a cargar en efectivo? ¿Quién da la respuesta: la Policía, La UIAF, Asobancaria?

De los decomisos de la semana pasada los únicos elementos en común son las vísperas de elecciones y que los poseedores del dinero eran políticos costeños. ¿Hay entonces un indicio de “político” o peor aún, uno de “costeño”? Mucho me temo que en estas situaciones la Policía ha actuado abusivamente y en ejercicio de un prejuicio absolutamente inconstitucional y discriminador.

Espero que a ningún policía le dé por parar a don Luis Carlos Sarmiento que en alguna entrevista reconoció que andaba con un millón de pesos en efectivo.

@Quinternatte