El otro postconflicto

“Hay que recuperar la dignidad nacional”

¡POR FIN!, después de toda la historia que hemos vivido en guerra, parece que habrá paz. Si todo camina conforme al cronograma que el Gobierno Nacional ha informado, el domingo final de Semana Santa no solo podremos cantar el Aleluya del Mesías de Handel a la Resurrección de Dios Nuestro Señor, sino a la terminación del conflicto irregular con las guerrillas comunistas.

La finalización de la guerra y la iniciación del postconflicto deben conducir a la reconstrucción de muchos temas, espacios y vidas que se han perdido en el fragor del conflicto. Uno de los más importantes, si no el más, es el de recuperar la dignidad nacional y restablecer la normalidad jurídica.

Por cuenta del conflicto, los colombianos somos ciudadanos de segunda clase dentro de nuestro propio país. La guerra contra la subversión ha servido para que todos a una, como en Fuenteovejuna, hayamos ido cediendo los derechos más elementales en nombre de la seguridad. Y nos hemos acostumbrado tanto a ello, que todas las anormalidades nos parecen de lo más normales.

Aunque la Constitución Nacional consagra la garantía de la presunción de inocencia, en la realidad no existe. Aquí está avalado constitucionalmente que cualquier autoridad detenga en la calle a cualquier ciudadano para exigirle una requisa o documentos. Lo mismo sucede con los vehículos. Cualquier par de policías aburridos instalan un retén a discreción en cualquier calle o carretera y se dedican a parar, a ojo, a todo el que les parezca sospechoso. ¿De qué? de nada. Sospechoso de sospechoso.

En cualquier lugar civilizado a los ciudadanos no se les requiere por la autoridad sino por alguna causa probable. En eso consiste la presunción de inocencia, en que nadie puede ser molestado sino cuando ha hecho algo contrario a la ley y la autoridad tiene evidencia de ello. Nunca antes.

¿La buena fe? Si, también existe como principio constitucional, pero tampoco se respeta. En cualquier lugar del mundo si un ciudadano se dirige a un establecimiento a comprar un bien, se supone que lo adquirió legalmente. En Colombia, no.

Uno puede ir a una inmobiliaria a comprar un apartamento o una casa; a un concesionario a comprar un automóvil o a una casa de cambios a comprar moneda extranjera, y 5 o 10 años después terminar vinculado a un proceso de extinción del dominio o de lavado de activos porque en la tradición del inmueble o en la del automotor o en los accionistas de la empresa cambiaria está el primo de la mujer del cuñado del algún narcotraficante o terrorista que ahora vinieron a meter en la lista Clinton.

¿Buena fe? Uhmmmmm. No. Usted debía haber adivinado. No saber. ¡Adivinado¡

Tal vez ahora en paz, el derecho también deje de ser un arma.

@Quinternatte