ARRECIFES

Micos Perseguidores

EN el Congreso de la República se adelanta el trámite del proyecto de ley que reglamenta la aplicación y desarrollo de la Comisión de Aforados, una institución de administración de justicia creada en el artículo 8º del Acto Legislativo 02 de 2015 “Por el cual se adopta una reforma de Equilibrio de Poderes”.

Se supone que esa nueva institución debe encargarse de la investigación penal y disciplinaria de los magistrados de las Cortes, Suprema y Constitucional; y del Consejo de Estado, así como de los de la nueva Comisión Nacional de Disciplina Judicial y del Fiscal General de la Nación.

En el trámite de la ley, la senadora del Partido Liberal, Viviane Morales, salió la semana pasada a escandalizarse por la inclusión de una norma que, a juicio de ella, es un auténtico “mico” en tanto se pretende introducir un precepto que prohíbe la persecución judicial de esos funcionarios por el contenido de sus providencias judiciales o consultivas.

A su manera y con la misma energía que ha condenado al infierno a los promotores de los derechos abortivos de las mujeres o de los de las parejas del mismo sexo, la senadora “liberal” pone el grito en su excluyente cielo para reclamar por la suerte del país, pues, según ella, lo que se propone es, ni más ni menos, que la desaparición del delito de prevaricato para los magistrados, c comisionados y el Fiscal General de la Nación.

Para empezar eso no es un “mico”, que es la forma vulgar de llamar a lo que constitucionalmente constituye una infracción al principio constitucional de unidad de materia. Si algún proyecto acepta el tratamiento de ese tema, es precisamente el que se tramita sobre la Comisión de Aforados.

Aparte de filigranas técnicas, lo que sí parece obvio es que resulta apenas lógico y natural que magistrados de las Cortes y consejeros de Estado estén excluidos de cometer prevaricato. Si los órganos de cierre son los encargados de decir la ley mediante su interpretación armónica con la Constitución y las necesidades sociales, ¿qué objeto tiene que se les amenace con sanciones penales o disciplinarias por cumplir con su función?

Lo que si no es lógico es que del prevaricato se excluya solo a los jueces de las Altas Cortes. Ese delito debe acabarse para todos los jueces de la República, pero especialmente para los Penales del Sistema Acusatorio. La publicidad de las audiencias y los recursos ordinarios son suficiente control de la actividad de esos jueces. En cambio, amenazarlos con juicios de prevaricato es un verdadero atentado contra su autonomía y una ventaja indebida para la Fiscalía como sujeto procesal.

Los jueces deben ser independientes de cualquier presión, sobre todo de la de la Fiscalía. En eso consiste la democracia.

@Quinternatte