LOS  proyectos debatidos en acalorados debates en el Congreso muestran muchas veces efectos contrarios a lo que se necesita porque se discuten con  furia y agresividad para imponerlos.

La ciudadanía exige Gobierno con decisión, acción y cumplimiento, sin perder el diálogo demostrado por el mandatario y su estilo sin imposiciones; tiene exceso de frescura administrativa para concretar decisiones.

Los marginados y olvidados no salen en marchas y paros. Oficinas empresariales y comercios han tenido pérdidas por receso de actividad y daños a edificios a cargo de vándalos y algunos de los legales en la protesta.

Así el ciudadano común es quien resiste, aguanta o celebra un fallo gubernamental, económico o jurídico, con incidencia directa en vida diaria, de una persona o de muchas.

Entre incertidumbre y pesimismo se desbordan ofertas para invertir y trabajar en el exterior, para  atraídos por dólar y euro. La prueba es la catarata de correos- internet, ofreciendo cómo invertir en EE.UU o Europa.

En todo se esperan cambios con cara a la restructuración para construir sociedad productiva, con efectos, que coloquen primero lo social.

Se aguardan decisiones tangibles para contrarrestar agresividad, prepotencia y suficiencia de  protagonistas de proyectos, en Cámara de Representantes y Senado; han confrontado en riña verbal cercana a la agresión.

Buen tiempo sería aplicar transparencia a contratación de obras de desarrollo, a cargo de administraciones regionales. En todo deben responder con argumentos válidos, a los habitantes de sus respectivos lugares.

¿Y eso quién lo va a hacer? es interrogante de la gente cuando se trata de obras de alta  inversión estatal o de contratación con particulares; es la sensación que se tiene frente a anuncios y promesas.

Ojalá, gobernantes, tanto en lo estatal, como en departamentos, vean que los ciudadanos temen engaños y, lentitud,  al enterarse de obras nacionales.

Esto se prueba con la construcción del gigante edificio, para  Central de Policía, en el  occidente de Bogotá hace 17 años, quedó en obra negra y,  negro el bolsillo del Distrito, pero llenó los del contratista de la época.       

En adelante habrá cumplimiento si es efectiva la destinación de 4 y medio billones de pesos para educación pública, comprometida con documento firmado, hasta cumplir los cuatro años del actual Gobierno.     

Además se requiere una reforma educativa con alto contenido académico en todas las profesiones; está por confirmarse, control de calidad, ante la proliferación de universidades privadas abiertas, principalmente en Bogotá para iniciar 2.019.

Son retos para Gobierno y ciudadanía, entre interrogantes e incertidumbre ante la realidad vivida. El país está obligado a ir al grano para saborear la fruta de la paz, bajo el acuerdo vigente y con desarrollo económico y social amplio, para  45 millones y medio de colombianos.