O al poder judicial

La reforma a la justicia se debate en una antinomia: o se realiza mirando al usuario de la justicia, para mejorar su acceso y la protección de sus derechos o se enfoca hacia la estructura del alto poder judicial, su designación, período, gobierno, disciplina y equilibrio con otros poderes.

La reforma al poder, supone como instrumento, un acto legislativo que reforme la Constitución, sin sustituirla; es lo que ha presentado el Gobierno, bajo el supuesto que se pretende restablecer el equilibrio de poderes. Ha causado una gran polémica el proyecto; pareciera que lo único en lo que hay un pleno acuerdo es en que se acabe la reelección presidencial; perversa institución que no ha traído sino un aumento en el gasto del Estado, un desequilibrio en la estructura de los poderes públicos, una concentración de poder y manipulación del control político del Congreso. De pronto, otro de los puntos claros para reformar en esta línea del poder, sería lo atinente al gobierno de la rama, pues la reingeniería al Consejo Superior de la Judicatura la reclama a gritos  la sociedad colombiana. Las demás iniciativas han despertado más enemigos y prevención que aplausos.

La otra cara es lo que el Ministro de Justicia ha llamado acercar la justicia al ciudadano. Sin pretender reformar las grandes estructuras de la justicia trazadas, en la Constitución del 91, se busca mejorar el acceso a la justicia,  esto es, las posibilidades para que los ciudadanos puedan reclamar sus derechos en forma ágil y eficaz. Para este propósito no se requieren reformas a la Constitución, acaso algunas normas legales y la suficiente apropiación presupuestal.

Nada hemos hecho por la libertad que tanto pregonamos para los habitantes de este país y por el Estado democrático que dice imperar para todos, si cualquier persona, independientemente de su capacidad económica  o del conflicto que tenga, sin atender al monto económico discutido, no tiene acceso a la administración de justicia, a fin de reclamar y definir sus derechos.

En este sentido observamos que el propósito de la política pública que plantea el señor Ministro de Justicia está bien encaminado; habría que rediseñar los instrumentos; replantear las Casas de Justicia, pensar en juicios rápidos y por mecanismos alternativos para pequeñas causas,  defensoría legal para la gente como servicio público a cargo del Estado,  información legal al ciudadano, etc. Es decir, ésta sí sería una verdadera revolución en el acceso a la justicia.

Está muy bien, que lo uno no quita lo otro y podría lograrse el doble propósito, retocando el poder judicial que tantos absurdos contiene.  El problema fue el ayuntamiento con temas que nada tiene que ver y distraen el análisis hacia otros problemas de poder como  hemos visto que está pasando.