La encrucijada
De todos los puntos de la agenda del proceso de paz y entre los dos faltantes, víctimas y justicia, hemos considerado el de la justicia a la que deben someterse los guerrilleros, como el pendiente que más dificultades va a presentar para la culminación del acuerdo. Lo anterior por lo siguiente: de un lado, no pareciera que los jefes guerrilleros estén dispuestos a pagar un solo día de cárcel y de otro, la sociedad colombiana tampoco parece estar muy dispuesta a que la sanción para los guerrilleros que han cometido delitos de lesa humanidad, sea un simple saludo a la bandera. La opinión pública se ha ido alineando en alguno de los dos extremos, al igual que el Gobierno y la oposición; y lo más desconcertante, los altos funcionarios del Estado, Procurador y Fiscal, también han entrado en la misma confrontación ideológica.
Todos sabemos que para concretar los arreglos de paz, la justicia que se imparta a los máximos responsables de los alzados en armas, debe situarse en el marco de la justicia transicional, que de ninguna manera significa que deba haber impunidad. Sin embargo, un sector de la opinión, encabezada por el mismo Fiscal General de la Nación, viene planteando que deben buscarse penas alternativas, que incluso no impliquen reclusión alguna y buscar una especie de cosa juzgada universal para blindar el acuerdo.
Ahora, la confrontación ha superado las fronteras patrias, pues según lo informa el mismo Fiscal, como resultado de su reciente visita a La Haya, tuvo oportunidad de entrevistarse con la Fiscal de la Corte Penal Internacional, señora Fatou Bensouda, quien le expresó su desacuerdo con la eventual fórmula de que los máximos responsables de las Farc no cumplan pena en prisión alguna; el funcionario advierte que “existen profundas diferencias” respecto a la pena a imponer a los jefes rebeldes. Para la Fiscal de la CPI “sin prisión efectiva no hay justicia”. El Fiscal colombiano considera que hay que seguir argumentando y confiar en los jueces de la Corte aunque tengan opinión distinta.
La cuestión no es de menor envergadura, puesto que Colombia es suscriptora del Tratado de Roma y está sometida a la jurisdicción de la Corte Penal Internacional, organismo que de encontrar que no se ha aplicado justicia con los jefes guerrilleros por la justicia colombiana, bien podría asumir competencia, a petición de admisibilidad que formule la Fiscal, de quien ya se conoce el criterio. Bien es cierto que la admisibilidad depende de los jueces, pero ya se puede prever lo que será la posición de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, que estima indispensable que se apliquen penas de reclusión frente a los delitos de lesa humanidad y los crímenes de guerra de que trata el acuerdo.
El país no puede someterse a semejante riesgo por denegación de justicia, quedaría al lado de los países parias que no respetan los más elementales derechos; pero también se sabe que los guerrilleros no están dispuestos a pagar cárcel de ningún tipo. Es la actual encrucijada del proceso de paz, que no está nada fácil de resolver.