Jaime Alberto Arrubla Paucar | El Nuevo Siglo
Jueves, 3 de Septiembre de 2015

CONTAR ATROPELLOS

¿Qué hacer con Venezuela?

Hace una semana nos quejábamos de la actitud pasiva de Colombia frente el éxodo de colombianos provocado por Venezuela, bajo el pretexto de perseguir el paramilitarismo, cuando en realidad de verdad lo que busca el Gobierno venezolano es echar una cortina de humo a los problemas y desastres que el régimen dictatorial de Maduro le ha dejado al pueblo vecino.  Pedimos menos diplomacia y más energía en condenar los hechos inmorales y delictivos contra el pueblo colombiano.

A buena hora el Gobierno colombiano cambió la pasividad por unas acciones concretas, que vale la pena analizar.

Llamar a consulta a nuestro Embajador en Venezuela es un hecho simbólico y positivo, que señala la inconformidad de nuestro Gobierno con los indebidos procederes venezolanos contra las gentes de nuestra patria. Necesariamente, pone al otro lado a pensar, así la actitud primaria, de un ser primario como Maduro, haya sido la de hacer lo propio y llamó a su Embajador. Esto puede derivar hacia el futuro en un enfriamiento de las relaciones diplomáticas y comerciales. A nosotros eso ni nos va ni nos viene; el que era en otra época el segundo país en nuestras relaciones comerciales, se convirtió en un pésimo pagador. El riesgo que corremos es que las cosas mejoren, nunca habían estado peores.

Denunciar los hechos ante los organismos internacionales como OEA, ONU y Unasur también es necesario y conveniente. Fuera de hacer conocer el hecho abusivo y deshumanizante que está cometiendo el gobierno Maduro contra los derechos humanos de los colombianos, nada más se consigue. Por descontado se da, que ninguno de esos organismos va a hacer nada distinto que servir de escenario para una denuncia pública ante la comunidad internacional. Por ello, pedir la reunión de cancilleres en la OEA, sin tener la certeza de que se atendería y de que se contaba con los votos suficientes para ello, era innecesario. Ahora, si lo que había que denunciar, lo podía hacer el Embajador, ante un escenario mejor, que era todo el organismo reunido con los embajadores, la propuesta sobraba y nos colocó internacionalmente en una situación de perdedores y a Venezuela  en actitud de triunfo. Se jugó mal esta carta, además que con la reunión de cancilleres, fuera de debatir, tampoco se podía esperar nada.

A la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sí se puede denunciar y solicitar medidas cautelares; ello corresponde a las víctimas y el Estado puede encauzarlas o buscar quien lo haga. El Defensor del Pueblo o la Procuraduría pueden hacerlo.   

También se puede explorar la posibilidad de denunciar los hechos ante el Fiscal de la Corte Penal Internacional, pues rayan con la tipificación de posibles delitos de lesa humanidad. Si no es delito provocar semejante éxodo de colombianos, destruyendo sus establecimientos y viviendas, desarraigándolos y propiciando toda clase de vejámenes, entonces, nada es delito.

El Derecho Internacional no es coercitivo; es el más fuerte y manipulador, el que impone sus criterios. Ingenuo sería pensar que con estas denuncias vamos a lograr detener al infame. Pero es lo que podemos hacer frente al mundo, contar sus atropellos, para que la historia lo coloque en la fila donde debe quedar.