LA CRISIS migratoria que se vive en la selva del Darién, en la frontera entre Colombia y Panamá, es el resultado de políticas deficientes en esta materia en toda América, indica la ONG Human Rights Watch (HRW) en un informe. Uno de los aspectos que más impacta del documento es que el Clan del Golfo, ejerciendo control del territorio, habría recaudado US $65 millones en 2023 por cobros que hizo a los ciudadanos que atravesaron esa peligrosa ruta intentando llegar a Centroamérica, y desde allí a Estados Unidos.

HRW describe en el estudio que distintos grupos armados han estado presentes en el Urabá desde la década de 1970. Agrega que “el Clan del Golfo, también conocido como Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), controla amplias zonas de la región. Este grupo armado se dedica a actividades delictivas como el tráfico de drogas y armas y la extorsión e impone normas para controlar la vida cotidiana y las actividades económicas de la población”.

Explica la reconocida ONG defensora de derechos humanos que, en la actualidad, el Clan del Golfo desempeña en el Tapón del Darién tres funciones en relación con el flujo de migrantes y solicitantes de asilo: regula las rutas habilitadas y decide quién puede ayudarles en el camino; extorsiona a quienes se benefician del flujo migratorio; y establece ‘normas de conducta’, que a veces hace cumplir mediante violencia, tanto para la población local como para los migrantes.

Agrega HRW que “el Ministerio de Defensa de Colombia estima que el Clan del Golfo recauda un promedio de US $125 por cada persona que cruza el Darién. Si la estimación es exacta, este grupo armado puede haber ganado un total de US $65 millones en 2023 por cuenta del control de esta ruta migratoria”.

Dice también el informe que, en el último año y medio, más de 700.000 personas cruzaron el Tapón del Darién, una selva pantanosa, en su camino al norte, a menudo hacia Estados Unidos.

“Durante su travesía por este difícil terreno, venezolanos, haitianos y ecuatorianos, así como personas procedentes de países de Asia y África, han sufrido graves abusos, incluyendo violencia sexual. Decenas, sino cientos, han perdido la vida o han desaparecido intentando cruzar la selva. Muchos no han sido encontrados”, sostiene HRW.

Al respecto dice que “Médicos Sin Fronteras (MSF) brindó atención a cerca de 1.500 personas que denunciaron haber sufrido violencia sexual mientras cruzaban el Darién desde abril de 2021 hasta marzo de 2024, cuando el Gobierno panameño suspendió el trabajo de MSF en el Tapón del Darién”.

Agrega que muchos de los migrantes y solicitantes de asilo que cruzan el Tapón del Darién abandonaron sus países de origen huyendo de violencia, persecución y crisis humanitarias.

No obstante, HRW anota que la exigencia de visados por parte de México y los países centroamericanos, “que a menudo promueve Estados Unidos”, así como las limitadas alternativas que tienen los migrantes y solicitantes de asilo para regularizar su situación e integrarse en América del Sur, “empujan a muchos a migrar a través del Tapón del Darién, lo que fortalece el crimen organizado y expone a migrantes y solicitantes de asilo a abusos”.

¿Qué dice de Colombia?

HRW señala en el informe que, aunque algunos gobiernos latinoamericanos han realizado esfuerzos para acoger a migrantes y solicitantes de asilo, las políticas de la región con frecuencia han sido insuficientes debido a, entre otras razones, plazos restrictivos, procedimientos complejos, requisitos de documentación onerosos y retrasos administrativos.

Indica que “Colombia carece de una estrategia clara para proteger a los migrantes y solicitantes de asilo que cruzan el Golfo del Darién, donde el Clan del Golfo los explota con fines lucrativos”.

Añade que “los esfuerzos del Gobierno colombiano por investigar al Clan del Golfo en la región han dado resultados mínimos. El Gobierno no dispone de datos fiables sobre el número de migrantes que cruzan y sus necesidades, lo que dificulta el suministro eficaz de alimentos, agua y asistencia sanitaria. Las alcaldías locales carecen de capacidad para gestionar la afluencia de personas, debido a que no cuentan con los conocimientos, el personal o los recursos”.

Finalmente, HRW recomienda a los países del área implementar un régimen de protección temporal en toda la región que conceda a todos los venezolanos y haitianos un estatus legal por un plazo fijo; revertir medidas como los onerosos requisitos de visado que impiden el acceso al asilo; y crear un mecanismo regional equitativo para determinar los Estados responsables de examinar las solicitudes de asilo y proteger a los refugiados.