Hacia el final del conflicto
La primera fase con que inicia este proceso hacia la búsqueda de la paz ha recibido una aceptación generalizada y un gran apoyo, no solo de los colombianos sino también del mundo exterior. Pareciera que al fin despierta el país de un letargo de varios años donde el tema de la paz era un tabú, la única política pública era la guerra y no podía admitirse otra cosa diferente que solución armada al conflicto. Quien se atreviera a pensar distinto se le acusaba de estar con la guerrilla.
Por fin las políticas públicas se ponen a tono con la Constitución y con el real anhelo de los colombianos que ya había sido manifestado estruendosamente en las urnas, hace diez años, votando por la papeleta de la paz, hecho que constituyó un mandato irreductible para el Presidente de ese entonces.
A buena hora se retoma el camino para explorar la paz, en unas circunstancias que perecen ser mejores que las de entonces, como se desprende de las declaraciones de las partes y del preacuerdo contenido en esta primera fase, que no es otra cosa que el reconocimiento recíproco de la voluntad decidida y franca para avanzar en esta búsqueda.
Los puntos claves que analizarán en esa segunda fase no admiten discusión. La inequidad en el desarrollo rural ha sido campo abonado para el florecimiento de la violencia; el narcotráfico se convirtió en el principal factor perturbador en el desarrollo de nuestra nación y en la corrupción del Estado en todos los niveles; abrir espacios políticos y establecer la forma de reincorporación de los guerrilleros a la sociedad civil es también un aspecto determinante; el reconocimiento de los derechos de las víctimas, la necesidad de repararlas y de que se conozca la verdad, es el principio para la reconciliación de los colombianos.
El acompañamiento de la comunidad internacional será crucial para la seriedad del proceso y desarrollarlo dentro del marco constitucional y legal colombiano, buscando las soluciones y aperturas que nuestro sistema jurídico permite, serán garantía de su estabilidad y legitimidad.
Los enemigos no faltarán; ya se vislumbran los primeros ataques al proceso y las posiciones extremas que solo quieren la guerra o la rendición incondicional del enemigo, así signifique sacrificar nuestras futuras generaciones. Plantean incluso como obstáculo nuestra vinculación al Estatuto de Roma, alegando que este no permite que se perdonen crímenes de lesa humanidad. El Estatuto de Roma no se opone a los procesos de paz, las amnistías condicionadas no son incompatibles con dicho Estatuto. La misma Corte Penal Internacional aplica el principio de oportunidad y su fiscal es quien decide qué causas adelantar. Por toda clase de crímenes se puede exonerar al finalizar un proceso de paz. Satanizar el inicio del proceso con el Estatuto de Roma, no tiene fundamento.
Nuevamente avanzamos en el sentido correcto, el país se ha sintonizado con el proceso. Con seguridad habrá dificultades, pero vale la pena correr el riesgo. Por fin la prudencia y la sindéresis recorren el pensamiento patrio, es mejor darle apertura al campo de las ideas que al ruido de las balas.