¿Cuándo?

¿En qué estamos?  El presidente de la República reiteró que la sentencia de la Corte Internacional de Justicia del 2012, borrando el meridiano 82 como límite marítimo entre Nicaragua y Colombia, solamente podrá aplicarse mediante la suscripción de Tratados, que ella no modifica la Carta,  -esto lo ha confirmado la Corte Constitucional- y califica de error haber aceptado controversia fundamentada en el acto ilícito internacional de declaratoria de “nulidad e invalidez” del Tratado Esguerra-Bárcenas por el gobierno del vecino país.

La determinación cuenta con el respaldo de los partidos políticos, de los señores expresidentes, de la comisión asesora de relaciones exteriores y de la opinión pública. No aplica el fallo de Tribunal Internacional en materia de límites, los cuales solamente pueden variarse con aprobación del Congreso.  El  riesgo de no comparecer ante la Haya, mencionando la palabra “desacato”,  no cabe.    

El país demanda información sobre  la estrategia para la concertación de programas concernientes a la integración en el Caribe.  La batuta no la pueden mover  los responsables, nacionales e internacionales,  de los  desatinos de los últimos años con olvido de la existencia del verbo renunciar. Sus recomendaciones no coinciden con el nuevo derrotero, ni con  la extensión de la diplomacia secreta.

¿Cuándo y cómo se avanzará entonces en la implementación de la posición anunciada?  Colombia no tiene nada que mantener en secreto y ha advertido que si la Corte Internacional de Justicia decidiera aceptar la solicitud de prolongar la plataforma continental de Nicaragua a más de 200 millas, esto contribuiría al desorden mundial,  tocaría la intangibilidad de cientos de convenios de fronteras, además de que sería insólita  e inejecutable. Debe comunicarse oficialmente a  la comunidad americana la solidez de  planteamientos conceptuales.

Habrá debate  en el Congreso, con alusión a responsabilidades  -rehuirlo  no es factible-  y ojalá las intervenciones de parlamentarios estudiosos contribuyan a que el pueblo  se movilice, no en contra de naciones vecinas sino en apoyo de una gran política para el Caribe. Cumplir la sentencia no es cambiar el trazado de meridianos o mover del grado 82 al 73 las líneas, sino configurar el plan. Urge mover a la Cancillería, hacer contactos, proponer  acuerdos para la protección ambiental, uso y utilización del mar, escuchar con atención a los compatriotas de San Andrés y Providencia, a los coterráneos de la Costa Atlantica.  El dialogo con Nicaragua y los Estados del área es inaplazable, podemos encontrar coincidencias provechosas para nuestros pueblos. ¿Sabemos  con exactitud qué vamos a proponer y están listos los estudios jurídicos y técnicos para hacerlo?  ¿Cuándo se procederá a tomar el toro por los cuernos y a impulsar lo concerniente con la  decisión adoptada?