Se imponen las compensaciones ecológicas

El desarrollo rural y ambiental del país está afincado, en buena medida, en la forma como se resuelvan las tensiones sobre el uso del suelo y el subsuelo. Un asunto de fondo, que no ha ido más allá de cuestionar las hectáreas dedicadas a ganadería y de apuestas que poco le aportan al verdadero ordenamiento territorial y productivo de la tierra. Pero esta tarea tantas veces aplazada, hoy es inminente tras el empuje de la locomotora minero-energética, que ha agudizado el debate entre las visiones apocalípticas de los ambientalistas y quienes creemos que es falsa la dicotomía entre desarrollo rural y minero y la protección del ecosistema.
Las recientes exploraciones tecnológicas nos llevan a pensar que es posible el desarrollo del trinomio: minería, sector agropecuario y futuro ambiental y que las tres actividades son complementarias y compatibles. Es la experiencia recabada con los Sistemas de Producción Silvopastoriles Intensivos (SPSI) en explotaciones ganaderas tradicionales. La presencia de árboles y arbustos que los caracterizan, generan beneficios ambientales en materia de biodiversidad y retención hídrica. Pero, además, mitigan la desertificación, crean un microclima que reduce las temperaturas en más de 2 grados a lo largo del año, disminuyen emisiones de metano en un 21% y actúan como sumideros de carbono, que ayudan a paliar otros gases de efecto invernadero en más del 40%.
El establecimiento de estos sistemas en enclaves minero-energéticos o cerca de donde se desarrollan, podrían contribuir a generar bienes y servicios ambientales, con efectos positivos regionales, nacionales y globales. Lo cual convierte a los sistemas ganaderos asociados con árboles, en una oportunidad para el pago de compensaciones mineras por los daños ecológicos causados, generando incluso usos alternativos que, además de la prevención o rehabilitación de los ecosistemas, puedan albergar actividades productivas agropecuarias y forestales, en condiciones sostenibles y sustentables ambientalmente.
En zonas como Cesar y La Guajira, en donde se encuentra el mayor enclave de minería a cielo abierto -con más de un millón de hectáreas comprometidas, para la extracción anual de cerca de 100 millones de toneladas de carbón- la instauración de 200 o 300 mil hectáreas con SPSI podría generar a la vuelta de una década, círculos virtuosos para mitigar o restaurar los territorios de la vieja cuenca del río Cesar.
No obstante, un desarrollo de esta naturaleza, no puede hacerse en ausencia de políticas públicas coherentes con el reto de crecer y conservar, de una institucionalidad fuerte y de una gobernanza que facilite la afluencia de recursos, tanto del sector público como del privado, para alimentar nuestro propio “Fondo verde” que, además de los incentivos dispuestos por el gobierno a través del ICR, pudiera sumar un aliciente para quienes decidan meterse la mano al dril para financiar la siembra de estos sistemas boscosos.
Al menos tres verdades corren paralelas a la urgencia de erigir una política de Estado, que haga posible las complementariedades entre el desarrollo rural y minero con el ambiental. La primera, es que necesitamos un crecimiento competitivo, pero responsable ambientalmente. La segunda, no podemos prescindir de los recursos mineros o menguar la producción agroalimentaria, ni hoy ni en el futuro, de cara a las riquezas del país y las oportunidades y retos del agro-negocio mundial. Y la tercera, es que la solución al conflicto del uso de la tierra y el ordenamiento territorial y productivo, debe gestarse en función de la vocación de los suelos, como única alternativa para lograr el equilibro entre la conservación del ecosistema y la seguridad alimentaria y energética.
jflafaurie
*Presidente Ejecutivo de Fedegan