Oportunidad tributaria

El  país se acostumbró a que el camino más fácil para elevar el recaudo tributario fuera a través de los mismos contribuyentes. Si uno revisa en detalle las últimas reformas tributarias el grueso de sus nuevas iniciativas son aprovechar el caudal de contribuyentes registrados e incrementar la tasa impositiva. Por eso no es extraño que buena parte de los asalariados considere que ellos se han convertido en el “paganini” del Estado.
Una alternativa distinta surgió con el Impuesto al Patrimonio, que terminó siendo pagado por una gran minoría, desconociendo que son muchos más quienes caerían en dicha situación. Es un hecho que los colombianos que tienen más de 1.000 millones de pesos en patrimonio son muchísimos más de aquellos incluidos en la base, pero es igualmente claro que muchos otros no caen en la base de contribuyentes potenciales no sólo por estrategias legales de elusión, sino por la propia ineficiencia del Estado colombiano y en especial de los municipios.
Quienes vivimos en municipios vecinos a Bogotá sabemos que en muchas oportunidades es absurda la demora de las entidades del Estado para registrar un inmueble y avaluarlo adecuadamente. A pesar del esfuerzo del propietario por registrar la nueva construcción e informarlo al municipio correspondiente y al IGAC (Instituto Geográfico Agustín Codazzi), pasan en promedio por lo menos cuatro a cinco años para que estas entidades realicen el avalúo comercial y mientras tanto los predios se encuentran subvalorados con sus consecuencias en el recaudo tributario.
Pero algo nuevo sabemos ahora. Según un estudio del PNUD, 52% de la tierra en Colombia corresponde a grandes propietarios. Me atrevo a afirmar que la gran mayoría de dichos terrenos no están debidamente avaluados, porque en buena medida allí la capacidad tributaria de los municipios es entre sospechosa e ineficaz.
Una gran oportunidad con el gobierno Santos es que están dadas las condiciones para gravar a aquella Colombia de grandes propietarios del campo que se acostumbró a tributar poco o nada por la tierra y menos por el ganado. El Gobierno actual tendría en esto la oportunidad de elevar las bases tributarias y con seguridad multiplicar por varios dígitos el recaudo tributario del Impuesto al Patrimonio.
Pero el paso en esta dirección supone necesariamente quitarles a los municipios y distintas entidades del Estado, el monopolio de la valoración de los predios. Como aparentemente se prevé en alguna nueva reforma, me parece positiva la idea de que la DIAN asuma esta responsabilidad, será esta la única forma a través de la cual haremos que la Colombia del campo tribute y aparezcan nuevos “paganinis” en el concierto tributario nacional.
Coincido en esto con don Hernán Echavarría Olózoga, quien hace años insistió con fuerza en que “lo único que puede resolver el problema de la indigencia y la pobreza de gran parte de la población es un impuesto a la tierra”. No por una razón meramente fiscalista, sino por la oportunidad de hacer más productiva dicha tierra, evitando que sea meramente una alcancía.