Tema pendiente
En medio del debate que se dio por el curso de la Reforma a la Educación Superior, hubo por lo menos un asunto que se usó como caballito de batalla para desbaratar la propuesta que el Gobierno había discutido por más de un año con distintos actores de la vida universitaria. Me refiero a la posibilidad o no de abrir la opción a que el sector privado pudiese participar como oferente de dicho servicio público con un ánimo de lucro. Digo un asunto, porque el segundo conflicto fue la errónea percepción de que los estudiantes no participaron en la discusión de la misma, hecho que no es del todo cierto. Posiblemente muchos estudiantes no lo hicieron, pero me consta la participación de muchos otros en eventos de debate de la misma.
Respecto del primer punto, el argumento central es que el ánimo de lucro genera baja calidad. Argumento espurio que puede rebatirse con su opuesto según el cual el “no ánimo de lucro” es señal de la más alta calidad. Si esto fuese cierto, probablemente Colombia (donde no hay ánimo de lucro) tendría la mayor calidad en su educación superior, situación que por lo menos no se confirma con la ubicación del país en los sistemas de referenciación internacional y resultados en las pruebas de Estado.
En enero de 2013 cuatro académicos de Wharton publicaron un artículo muy completo sobre la educación superior en Colombia bajo el título “Education in Colombia: Is there a role for the private sector”, que vuelve a traer a colación el debate en cuestión. Señala el documento que a pesar de los avances en la educación básica, media y superior en Colombia, y de la asignación de recursos importantes, el país enfrenta un problema monumental en materia de acceso, que sumado a la alta tasa de deserción, disminuye dramáticamente la participación de la juventud en la educación superior. Con base en una encuesta a familias del DANE, únicamente el 11% de la población en edad de educación superior, no le interesaría entrar el sistema, lo que significa que potencialmente el país, podría llegar a un 89% de cobertura. Aclara también que la oferta actual disponible es muy limitada, y reconoce en la posible entrada del sector privado una opción de salida, que a su vez conduzca a mayor equidad.
Lo novedoso de la propuesta es que recomienda como camino, algo que la reforma fallida no profundizó. Recomienda que esa posibilidad esté amarrada a un ajuste a la regulación que establezca mecanismos más estrictos para la participación de estos nuevos actores y se atreve a hacer recomendaciones.
Ahora que arranca un nuevo año y de cara a una posible reelección sería conveniente aprovecharlo para debatir de nuevo las grandes líneas de la reforma y este asunto de nuevas formas de regulación que abrirían la puerta a nuevos actores al sistema de educación superior, y sobre todo a elevar los niveles de equidad en el acceso.
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