LA OTRA CARA
Trabajo infantil
Todo parece indicar que los magistrados del Consejo de Estado, hace mucho tiempo no transitan las zonas más congestionadas, o al menos, las más densamente pobladas por actividades comerciales al aire libre, que ahogan, destruyen y contaminan a Bogotá, al igual que a otras ciudades y municipios del país.
Deben recordar los hombres de la justicia, que esos son epicentros donde buscan subsistencia grupos familiares completos, atendiendo 2 y hasta 3 puestos de mercaderías. “Pagan piso”, (arriendo) a quienes les suministran los productos. Al final de jornada, o tres días después, liquidan con el propietario sus ganancias. Algunos tienen puesto propio.
Sus hijos menores de edad los acompañan en esos toldillos, después de clases escolares, según el acceso que tengan a educación, o en parte del día.
Esos padres se comprometen ante autoridades de Policía a certificar que sus hijos menores de edad no trabajan, y que cumplen la prohibición, en este sentido del Código de Policía, para protección infantil. Es la escena de día.
En la noche en otros sectores, la situación cambia en el caso de Bogotá. Vendedores con hijos o familiares, conviven con delincuencia, por absoluta necesidad. Algunos mantienen sus ventas cerca de bares y restaurantes. Ahí sí hay menores de edad trabajando tras las sombras. Apoyan a vendedores adultos y atienden domicilios solicitados por clientes que rondan con disimulo esos lugares, a pie o en vehículos para adquirir estupefacientes.
Sorprende el fallo del Consejo de Estado, al permitir el trabajo de menores en las calles, así como su participación en marchas y concentraciones políticas. En estas últimas se filtran vándalos del saboteo profesional. Eso es legalizar violencia.
Así con la decisión del Consejo, los menores serán utilizados para microtráfico, en mandados dentro de áreas de venta pública, entregando estupefacientes, por debajo de confites y cigarrillos.
Es para pensar dos veces el fallo, más cuando se espera que los magistrados, hagan brillar su título, en momentos en que se reclama limpieza absoluta en la actividad de la plataforma de la justicia.
Que se facilite el trabajo de adolescentes con normas, por edad y oficios clasificados, es inclusive edificante para formar sociedad. Eso es una cosa, y otra, autorizar a menores de edad a trabajar en zonas rojas. Según el Observatorio de Desarrollo Social del DANE, en Bogotá hay 125 mil menores trabajando, y más de 1 millón explotados en el país.
El Gobierno Nacional tiene la palabra, frente al Consejo de Estado, de espaldas a un drama deprimente.