LA OTRA CARA
CPB exige
Cada vez más se prueba que el periodismo en Colombia se ejerce junto a un cable de alta corriente. Si un reportero, analista o editor de un medio informativo, se acerca al hilo conductor de los acontecimientos para registrar la verdad, como es deber hacerlo, y lo logra con acierto, afianza su camino en el oficio con satisfacción del deber cumplido, el cual valora más que el sueldo del medio empresarial para el que trabaja. Otra cosa, es si en un hecho precisa quiénes son los responsables de los acontecimientos, los afectados le reclaman muchas veces con violencia y hasta con amenazas a su vida. Si se trató de una revelación sobre corrupción de un funcionario de Gobierno, estamento estatal, dirigencia política, o económica, el cable de alta corriente aumenta voltaje.
El clima de amenazas tiene epicentro con énfasis beligerante en las regiones. Se acentúa en la rapiña de los capos políticos, que aparecen con más voracidad en etapa preelectoral, como la de ahora. Si hay ataque a la vida del periodista, se prometen de inmediato “investigaciones exhaustivas”. Pasado un tiempo, se ahogan con o sin resultados. Lo deplorable no es la falla del comunicador, sino que la justicia olvide, o se enrede sepultando expedientes. Así ha sucedido con asesinatos de personajes y ciudadanos del común.
La historia se repite. No puede pasar inadvertido para la rama judicial y menos para la Fiscalía de la Nación, el asesinato de la periodista Flor Alba Núñez, en Pitalito -Huila-, el pasado 10 de septiembre.
La cadena de crímenes a periodistas regionales es extensa y ha sido azotada por el cable de alto voltaje de corrupción, que supera a narcotráfico y grupos armados.
El Círculo de Periodistas de Bogotá (CPB), su presidente Elker Buitrago López, el secretario general, Raúl Gutierrez, su junta directiva y sus socios, exigen al Fiscal de la Nación, apurar la investigación en Huila, departamento caliente en politiquería con antecedentes criminales hace años.
Propone el CPB creación del -Cuerpo Judicial Especial-, cuando se trate de crímenes de periodistas, para evitar pérdida de evidencias y acervo probatorio, sin perjuicio de la reserva legal correspondiente.
Queda como instancia primordial, esperar lo confirmado por el CTI, respecto a que “hay pruebas sólidas para hallar los responsables”, según las indagaciones. Lamentable para el periodismo y la sociedad en general, que se perciba lentitud en la rama judicial, ante el crimen de la auténtica vocera de Pitalito. Cuando la justicia olvida o calla, abre la puerta a la impunidad.