“Responsabilidad social corporativa no es retórica sino elaboración técnica”

Narrativas de paz

Empresarios y La Habana

Es  interesante advertir el proceso de recreación intelectual en que se halla Sergio Jaramillo, negociador en el proceso de La Habana. Se dijo hace 4 años que eran suyos los dedos que digitaron el marco jurídico para la paz que pasa por encima (o por debajo mejor sería decir) de los parámetros del Derecho Internacional Humanitario. Es decir, de normas consuetudinarias de raíz milenaria que se formalizan con las Convenciones conocidas como Derecho de La Haya, 1899 y 1907), Derecho de Ginebra (Convenciones de 1949 y Protocolos de 1977) y jurisprudencia de los tribunales criminales internacionales que han funcionado y funcionan hoy. Adiós les dijo a partes sustantivas el negociador Jaramillo.

Ahora se trata de la responsabilidad social corporativa. Este tema no es el adorno retórico ni frase melindrosa sobre la cual se pueda poner a volar la imaginación. La semana pasada ante un grupo de empresarios dijo el negociador que los empresarios tienen responsabilidad objetiva de lo que suceda con los desmovilizados y su reinserción. Agregó que el Gobierno puede ampliar la “asociatividad” (sic) pero los empresarios deben acompañar los proyectos que salgan del punto primero (desarrollo agrícola). Asimismo expresó que “se trata de generar una nueva narrativa”. Mayor efusión imaginativa no puede verse. Verdaderos juegos pirotécnicos verbales que ojalá no terminen quemando a nadie. Miremos pues.

La Responsabilidad Social Corporativa (RSC) no es, para comenzar, ningún comodín de discurso político. Su elaboración se inicia en la década de 1930 por dos profesores, Merrick Dodd y Adolf Berle, de las escuelas de leyes de Harvard y Columbia, respectivamente. Es un requerimiento voluntario (u obligación moral no coercible según nos enseñan a los abogados). Consistía en dar tratamiento ético a los llamados stakeholders (accionistas, tenedores de bonos y otros con interés legítimo en la empresa o sus activos), actuar en los términos aceptables a las sociedades civilizadas y asegurar altos estándares de vida social. Estos mandatos éticos fueron siendo incorporados en la jurisprudencia de la Corte Suprema de EE.UU.

En la década del 70 se inicia el debate entre quienes arguyen la presunta obligatoriedad de la RSC y la mayoría que sostiene no tratarse de sustituto ni obligación adicional al cumplimiento de la integridad del ordenamiento legal que regula la esfera corporativa. Por allí se va la Corte Suprema de EE.UU. y las directivas de la Comunidad Europea.

En 2001 la ONU solicita a los presidentes de Finlandia, Tarja Halonen, y de Tanzania, Benjamin Hapka, encabezar una comisión de expertos que establezca los parámetros de la RSC. De su informe (terminado en 2004)  se concluye que RSC es en esencia, en primer lugar, cumplir las normas de la OIT -que deben hacerse derecho internacional consuetudinario-  y abstenerse de incrementar rentabilidad que atente contra los límites de sostenibilidad ambiental y los DD.HH. (Declaración 1948).

La RSC por encima de estos parámetros, sin que signifique la creación excesiva de la carga laboral, se agrega, debe estimular transparencia y buen gobierno corporativo. De análoga manera, debe establecerse adherencia a los códigos éticos de la OCDE, así no tengan naturaleza obligatoria, y comprometerse a una actitud compartida del sector a evitar crisis. La Unión Europea, Japón y otros países han venido incorporando estos parámetros.

De allí para adelante opera la plena libertad y si quieren ir más allá, como lo hacen en Colombia Contegral, Alpina, Aviatur o Chevron, bienvenidos. La RSC, dijo Milton Friedman, comienza y termina con generar utilidades y cumplir la ley. Claro que es bueno ir más lejos. Pero a secundar a Jaramillo en que el empresariado tiene responsabilidad objetiva frente a las Farc es obligatoriedad ajena a la libre empresa. O narrativa post-comunista.

***

Esta columna finaliza mi vinculación de 32 años a este diario.