Juan Daniel Jaramillo Ortiz | El Nuevo Siglo
Lunes, 31 de Agosto de 2015

MADURO DENIEGA LA PAZ

A rodear a Santos

Las  violaciones masivas del Gobierno de Nicolás Maduro a normas contenidas en tratados de derechos humanos y derecho internacional humanitario dividen en dos la historia de las relaciones entre Colombia y Venezuela. No se ha tratado de una evolución fácil que, sin embargo, estuvo siempre marcada por la instancia recurrente del respeto y el ánimo para sobrellevar y solucionar crisis.

Entre 1960 y principios de 1990, estimulado por boom petrolero, se mantuvo un flujo migratorio de Colombia a Venezuela. Los gobiernos de Luis Herrera Campins y Rafael Caldera enfrentaron el problema de indocumentados brindando facilidades para su permanencia y legalizando su situación. Herrera Campins llegó a legalizar hasta 6.000 indocumentados por semana entre 1980 y 1982.

Familias colombianas se multiplicaron, muchas de ellas indocumentadas. En la década del 90 el flujo se invirtió hasta el punto actual cuando Colombia es con EE.UU. el principal destino de refugiados, asilados e indocumentados venezolanos. Una mentira del presidente Maduro su afirmación de que la migración continúa en busca de mejores oportunidades económicas y propósitos delincuenciales.

El contrabando de productos básicos y combustible de Venezuela a Colombia tiene su origen en los subsidios directos estatales a productos básicos que insiste en mantener el Gobierno de Maduro. Ocurrió entre los países de la cortina de hierro y los de Europa occidental: las distorsiones esenciales de la economía socialista empujan bienes y servicios hacia las economías de mercado. Esto sucede hoy en las regiones vecinas de ambos países. La devaluación del peso colombiano, a su turno, viene castigando el sector agrícola venezolano.

Pero la inteligencia corta de Maduro -unida a su perversidad- resolvió situar el problema en familias humildes colombianas, residentes muchas de ellas hace décadas en  zonas fronterizas. Sirve el doble propósito de encontrarle chivo expiatorio al colapso inevitable de su gestión y hallar paramilitares uribistas, donde no los hay, listos a asesinarlo.

No puede ver el fenómeno multifactorial de delincuencia a los dos lados de la frontera y la crisis social que se ha generado. El viernes pasado, encabezando la turbamulta soez, invocó el espíritu guerrerista (esta palabra utilizó) del chavismo, retó al presidente Santos, injurió una vez más al expresidente Álvaro Uribe y se dolió de la oligarquía colombiana que trata de derrocarlo.

¿Sabrán Maduro y Cabello que los presidentes Eleázar López Contreras y Eduardo Santos firmaron en 1939 un tratado, cuyo espíritu es la amistad perpetua entre dos pueblos, donde se renuncia a la guerra y nos  comprometemos al diálogo razonado? Claro que lo saben. Pero están en trance de denegarlo como también de la OEA que fue blanco este viernes de los insultos del dictador venezolano.

Lo que al tirano antoja -según anunció- son los oficios de Unasur para que rápido sean santificadas las violaciones. Llegó la hora de que Colombia se retire de este organismo espurio cuya función es liquidar el panamericanismo genuino y legitimar el chavismo. ¿Cómo no entender que Unasur cercena la unidad hemisférica y golpea en su nervio vital las potestades de la OEA? Colombia debe conminar ya a este organismo a condenar  la agresión de Venezuela a nuestro país. De no hacerlo, la soberanía y la dignidad nacionales demandan el retiro inmediato de este fantasma burocrático. No podrían actuar de otra manera el Presidente de la República y su Canciller.

Dentro de estos parámetros es preciso rodear sin reatos al presidente Santos y exigir asimismo respeto por el expresidente Uribe. Pero -ante todo- por miles de compatriotas humildes que están siendo objeto de abusos gravísimos que también son materia de la competencia del Consejo de Seguridad de la ONU.