Fallo de la CIJ: tiempo de reflexión
Esta semana concluirán las audiencias en la Corte Internacional de Justicia sobre el proceso instituido por Nicaragua contra Colombia hace 11 años. Aproximándose el verano europeo, lo más probable es que los 15 jueces vuelvan en el otoño con sus opiniones respectivas altamente decantadas y antes de terminar el año se dicte sentencia.
Medios, academia y estamento político en Colombia tienen la obligación de aprovechar el período de espera para hacer un análisis informado sobre un asunto que toca en lo más íntimo la soberanía nacional. Con el inmenso respeto que profeso por la ministra de RR.EE., María Ángela Holguín, debo discrepar por completo de su opinión sorprendente según la cual en la sentencia podrá aparecer cualquier cosa y muy probablemente se tratará de una decisión salomónica que diga “este pedacito ya no es de ustedes” (palabras de la ministra, transcritas por El Nuevo Siglo, abril 25, 2012).
El conflicto Colombia-Nicaragua lleva 32 años desde que el gobierno de Managua mediante declaración formal decidió desconocer el Tratado Esguerra-Bárcenas de 1928. En 1980, el entonces canciller de la administración Turbay Ayala, Diego Uribe Vargas, (a quien respeto asimismo), en lenguaje igualmente pasmoso, se apresuró a reaccionar impropiamente ante el acto jurídico ilegal de un gobierno extranjero. Los ex presidentes Lleras Restrepo y López Michelsen dijeron entonces, con poder predictivo muy claro, que a los actos soberanos pero ilegales de gobiernos inamistosos debía responderse con las herramientas más eficaces que proporcionara el derecho internacional público. No se hizo, en efecto, analizada la situación en perspectiva a partir de los desarrollos del derecho internacional contencioso.
Se dejó avanzar y profundizar un problema extremadamente delicado, pues los gobiernos que siguieron optaron por acomodarse con la ilegalidad mantenida y ahondada por sucesivas administraciones nicaragüenses. Se aplicó aquella máxima peligrosa de que la forma mejor para tratar con los problemas consiste en no pensar en ellos. Hasta que en 2001, el agente de Managua ante la CIJ, instituyó procedimiento contra Colombia.
Hay quienes discrepamos totalmente de la estrategia de respuesta concebida e implementada por Colombia y diseñada por quienes han fungido estos años como agentes nuestros. El pedacito que ya no será nuestro de que ha hablado la ministra Holguín puede convertirse en miles de kilómetros cuadrados de mar colombiano. En sus suelos, según estudios rigurosos, colmados de crudo de la mejor calidad. Además, de valor geoestratégico colosal. La pérdida del pedacito podría dejar sin sustento esencial la histórica política de expansión marítima que a la luz del derecho de los tratados legaron al país el presidente López Michelsen y su canciller Liévano Aguirre.
En la CIJ no puede pasar cualquier cosa, como lo ha sugerido la ministra. Se presentan desarrollos y evolución de leyes y jurisprudencia predecibles por quienes nos hemos dedicado a estudiarlas durante años. Mientras Colombia dormitaba y creían sus gobiernos que bastaba repetirnos a nosotros mismos la propiedad sobre el archipiélago y mar adyacente, los procedimientos de delimitación marítima se refinaban. Y se consolidaba jurisprudencialmente el principio de equidad. Factores que jugarán en el fallo contra Colombia.
A Colombia y a sus agentes ante la CIJ la aceleración del derecho internacional y su extraordinaria complejidad sustantiva, procesal, estratégica y táctica no importó. El territorio nacional se ha venido perdiendo durante los últimos 100 años. El período que dista entre el final de las audiencias en La Haya y el fallo debe ser tiempo de análisis, estudio y reflexión. Para que el fallo pueda ser absorbido con absoluta serenidad por todos los colombianos.