Desde la década de los años 70 del siglo pasado, miles de funcionarios de la ONU obtuvieron un estatus legal que les permitía optar por la residencia permanente en Estados Unidos tras su jubilación.

Pero ese antiguo privilegio está en peligro desde ahora, obligando a los jubilados a regresar a sus países de origen y desarraigando sus vidas en Estados Unidos, en algunos casos después de décadas.

Durante mucho tiempo, la Ley de Inmigración y Nacionalidad de los Estados Unidos ha permitido a los funcionarios de la ONU con muchos años de servicio, que tenían el tradicional visado G4 y que cumplían ciertos criterios, solicitar la Residencia Permanente Legal, también conocida como “Tarjeta Verde”, bajo la categoría de “Inmigrante Especial” (EB-4), al separarse del servicio por jubilación.

El Departamento de Estrategia de Gestión, Política y Cumplimiento (de la ONU envió un aviso urgente a los funcionarios de que el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (Uscis, en inglés) ha suspendido temporalmente la aceptación de solicitudes de Registro de Residencia Permanente o Ajuste de Estatus (formulario I-485) bajo la categoría de “Inmigrante Especial”.

Este hecho puede afectar a la capacidad de los funcionarios titulares de visados G-4 para seguir residiendo en los Estados Unidos tras terminar su servicio por jubilación.

La suspensión también puede afectar a los recién jubilados; a los hijos de funcionarios en activo o jubilados, así como al cónyuge supérstite, que hayan estado planeando solicitar la Residencia Permanente Legal bajo la categoría de “Inmigrante Especial”.

La ONU ha aconsejado a los funcionarios que busquen asesoramiento jurídico en un bufete de inmigración sobre su futura situación en Estados Unidos.

En declaraciones extraoficiales, un antiguo empleado de la ONU dijo a IPS que el programa está en peligro y que no hay indicios claros de cuándo se reanudará o resolverá.

La razón es, aparentemente, la acumulación de solicitudes, pero puede ser incluso política, dijo. “Puede que nunca se sepa”, dijo.

“Esto significa que no hay tramitación prioritaria para los titulares de visados G4 de la ONU. La situación es bastante grave, ya que ha pillado por sorpresa a muchos en la Secretaría General”, adujo.

Detalló que “nos han dicho que en un plazo de 30 días tenemos que abandonar Estados Unidos al separarnos del cargo, a menos que la persona consiga cambiar el estatus acudiendo a un abogado de inmigración. No veo que se restablezca en un futuro próximo. Una gran decepción y un lío como mínimo”.

La mayoría de los miembros del personal de la ONU que poseen apartamentos o casas y otras propiedades -y están en situación de corto plazo- tendrán que deshacerse de ellas antes de salir de Estados Unidos, mientras que otros con hijos en colegios estadounidenses tendrán que hacer ajustes.

“Es una auténtica pesadilla”, dijo un empleado cuya jubilación está prevista para febrero, cuando se verá obligado a abandonar Estados Unidos.

Mientras tanto, en Ginebra, que alberga más de 40 organizaciones internacionales, en su mayoría afiliadas a Naciones Unidas, como la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (Unctad), la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización Internacional de Trabajo (OIT), los funcionarios solicitan “permisos de residencia” al jubilarse.

En la actualidad residen en Estados Unidos más de 9000 funcionarios que trabajan en la Secretaría y en organismos de la ONU en Nueva York, como el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) y ONU Mujeres.

Algunos de esos funcionarios se jubilan después de haber vivido en Estados Unidos entre 30 y 40 años.