Según un estudio del DNP en el 2014 se reportaron 54 millones de síntomas de enfermedades asociadas con la contaminación del aire en las urbes, al tiempo que se registraron 8.600 fallecimientos en el país relacionados todos ellos con problemas respiratorios. El costo de las muertes y las enfermedades contraídas a causa de la degradación del aire enrarecido que se respira viene en aumento año a año, en el 2014 representó la friolera de $12 billones. Esto es una barbaridad.
Se vienen violando sistemáticamente los artículos 44, 49, 78, 79, 80 y 82 de la Constitución Política que propenden por la defensa de los derechos a la vida, la integridad física, el medio ambiente, el espacio público y, sobre todo, la salud, que ahora es considerado como derecho fundamental en virtud de la Ley1751 de 2015.
El caso más crítico se ha venido dando en Medellín, en donde su Alcalde Federico Gutiérrez se vio precisado recientemente a decretar la alerta roja ambiental por la alarmante contaminación que afectó al área metropolitana. En concepto del Alcalde el 80% del smog proviene de la combustión de los motores a diésel y gasolina de los vehículos. El problema tiende a agravarse con el aumento del parque automotor en circulación, concomitantemente con la obsolescencia del mismo y los inconvenientes en materia de movilidad.
El mandatario antioqueño, exasperado por esta calamidad, le pidió a Ecopetrol producir combustibles de mejor calidad, pero a decir verdad hoy por hoy los combustibles que salen de las refinerías de Cartagena y Barrancabermeja han mejorado ostensiblemente. El diésel que se expenda en las estaciones de servicio debe contener cantidades de azufre por debajo de los 50 ppm, que corresponde a los estándares internacionales. La gasolina con 200 ppm de azufre, si es susceptible de mejorar su calidad. De no ser por la mezcla de los biocombustibles, las emisiones serían aún mayores.
Pero ojo, no basta con mejorar la calidad de los combustibles. Mientras el parque automotor que rueda por el país tenga el grado de obsolescencia que tiene, lo que se viene haciendo con la mano, mejorando la calidad de los combustibles, se borra con el codo. A pesar de que la Ley 105 de 1993 estableció, de manera perentoria, que al término de los 20 años de vida útil los vehículos de transporte público de pasajeros debían salir de la circulación tal, precepto se incumple. Por allí siguen circulando mucho de los que transgreden la norma con sus fumarolas, contaminando el ambiente. Además, se estima por parte de Andemos que el 40% del parque automotor, entre camionetas, camperos, microbuses, busetas, camiones y volquetas superan los 20 años de vida útil.
*Miembro de número de la ACCE