Es conquista democrática que provienes de hace siglos, la Universidad debe ser gobernada por sus propias autoridades para garantizar excelencia académica, el principio se inscribió en Bolonia (1088), Paris (1150), Oxford (1150), Cambridge (1200), Salamanca (1218), cubrió sucesivamente a numerosas instituciones con el paso del tiempo. Recordamos el movimiento de Córdoba, Argentina, de 1918, los jóvenes irrumpieron para impedir la elección de un Rector reaccionario, hubo reforma estatutaria, revisión de programas, concursos, anhelos reiterados posteriormente en la década de 1960.
En el artículo 69 de la Constitución de Colombia se ratificó la Autonomía Universitaria, el Consejo Superior de la Universidad Nacional, integrado por diferentes estamentos, finalizado el período de la anterior Rectora eligió para sucederla al profesor Ismael Peña, de manera legal, así lo considera la Procuraduría y un juez penal al fallar sobre una tutela, el resultado de una consulta que no favoreció al profesor era indicativo y no obligatorio. Sin embargo, existe una demanda que pide la nulidad de lo actuado lo cual será definido por la Justicia, corresponde esperar el pronunciamiento y el rector, quien se posesionó en una notaría porque la ministra de Educación se negó a tomarle el juramento ha dicho que si la sentencia le es adversa la acatará sin reservas.
Protestas violentas con infiltración de agitadores se produjeron, han sido rechazadas inclusive por el profesor Múnera quien ganó la consulta. Mantengamos la calma y evitemos la violencia. El presidente de la República, Gustavo Petro, nombró ministro ad-hoc de Educación al de Cultura y este exigió al Consejo Directivo designar de inmediato un Rector diferente al profesor Peña, en intervención que viola la autonomía Universitaria. Las Universidades privadas expresan su rechazo a la misma, advierten el desacierto de tal determinación.
¿Qué quiere el presidente? No lo sabemos, algunos afirman que busca se designe a un partidario suyo, que el campus albergue a los activistas dentro del anunciado proceso de creación de una Constituyente, en detrimento de la Universidad, -de la cual el país se enorgullece, como quienes nos sentimos satisfechos de ser sus egresados- la arbitrariedad coincide con el debilitamiento del Estado de Derecho, de la moral, estilo inadecuado para solucionar problemas en vez de agravarlos.
Sigue el escándalo, el profesor Peña demandó por prevaricato al ministro de Cultura, Juan Correa, porque pidió al Consejo Superior la elección de un rector provisional, con base en la resolución 007480 ordenando en un término perentorio la llegada del rector gobiernista. Mientras se resuelve la controversia, no retorna la normalidad académica al claustro y considero injustificado desconocer estatutos vigentes que determinan el procedimiento de escogencia de autoridades universitarias o apoyar proyectos de ley con el peregrino argumento de “participación directa” en oposición flagrante a la autonomía universitaria. Comparto plenamente lo dicho por don Jaime Posada en su oportunidad cuando señalaba que ¨la autonomía universitaria peligra azarosamente cuando factores externos de violencia se incrustan en las instituciones de educación”.