El país, que parece acostumbrado a la violencia y la corrupción, recibió un verdadero cimbronazo con los escándalos multimillonarios de corrupción en la Ungrd, de los cuales el de los carrotanques de la Guajira es apenas la punta del iceberg, para comprar apoyos o satisfacer intereses regionales de algunos parlamentarios.

Hasta ahí, las cosas ya son de una gravedad suprema, pues entre los presuntos implicados no solo hay parlamentarios de Senado y Cámara, sino ministros y otros funcionarios de alto nivel que se han declarado inocentes.  Sin embargo, el iceberg de corrupción parece aún mayor y capaz de hundir un Titanic, pues ese ventilador ya le sumó a esa secuela de escándalos la también presunta desviación de recursos en Arauca con destino al Eln.

¡En Arauca!, uno de los nichos de control territorial de ese grupo ilegal, con campamentos y actividad criminal a lado y lado de la frontera. En Arauca, un departamento con un largo historial de gobernantes cooptados por el frente Domingo Laín, que es autoridad en la región, donde pone alcaldes y donde todo peso de la contratación local, de las regalías petroleras o de las “partidas gestionadas”, como las de la Ungrd, es mermado por la tajada al Eln, según fallos judiciales. En Arauca, donde una sociedad victimizada no deja de sufrir la extorsión, el secuestro, el asesinato, el reclutamiento infantil…

La delegación gubernamental ya emitió un comunicado oficial en el cual reitera los principios de legalidad y transparencia que rigen su actuación, sometida, además, a la observación de los países garantes y acompañantes, de la ONU, la Iglesia Católica y observadores de la Fuerza Pública. Sobra decir que, como miembro de la delegación y a partir de mi experiencia personal a lo largo del proceso, comparto plenamente los términos de la declaración, pues, de no poder hacerlo, sencillamente estaría siendo cómplice de un delito.

Es más, debo recordar que, frente al anuncio del Eln de reanudar el secuestro extorsivo por la no activación del Fondo Multidonante, la posición de la delegación fue tajante en cuanto a que esos recursos serían destinados exclusivamente a financiar acciones transformadoras en los territorios y, de ninguna manera, a sostener a un grupo ilegal en proceso de negociación y con cese al fuego decretado, pero renuente a abandonar sus actividades ilícitas y las hostilidades contra la población.

Grave sí, muy grave que el escándalo de corrupción vincule a Karen Manrique, parlamentaria de Arauca por una de las curules de paz, por el presunto desvío de recursos hacia el Eln, a partir de la gestión interesada de millonarios recursos de la Ungrd, destinación oculta que ha sido denunciada por Olmedo López, el confeso exdirector de la Unidad de Gestión del Riesgo. Gravísimo sí, pues se trata de la representante ¡de las víctimas! en una región todavía victimizada por el Eln, y se trata de recursos para un municipio, Saravena, sometido al control territorial de ese grupo armado ilegal.

Hoy el asunto está en los terrenos de la justicia y, por ello, como todos los colombianos, espero la investigación rigurosa de la Fiscalía y, en su momento, el pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia con la oportunidad que el país reclama.

El Eln, por su parte, congeló unilateralmente los diálogos desde febrero a partir de su rechazo al diálogo regional en Nariño, y hoy es el Gobierno quien debe hacerlo hasta que se aclare el presunto desvío de dineros en Arauca, y puedan proseguir las negociaciones sin prevención alguna, pues la sombra de la corrupción oscurece el camino hacia la paz, que merece iluminarse de credibilidad y confianza.

@jflafaurie