Imaginémonos la historia de Don Antonio, un pequeño productor de aguacate hass en Urrao, suroeste antioqueño. Su pequeño cultivo le cuesta aproximadamente $1.000 al mes, este monto se divide en arrendamiento de la tierra donde cultiva, fertilizantes, riego, transporte, y el pago de dos personas que le ayudan a recoger la cosecha y al mantenimiento general del cultivo. En total $600 se le van en costos y $400 en el pago a los trabajadores. Don Antonio vende el total de su cosecha por $1.200, esos $200 que se “gana” el Estado se queda con $70 al final solo gana $30.
A cientos de kilómetros de distancia está Juan Esteban, ministro de Trabajo, liderando la discusión del salario mínimo, que para este año está en $300 (más de lo que ganan los trabajadores de Don Antonio), lo acompañan en la sala Carlos, líder gremial y Pedro, líder sindical. Luego de varios días de debate, en los que basan sus discusiones en lo que pagan las empresas grandes, cercanas a Bogotá donde están ubicados e ignorando completamente la existencia de pequeños campesinos como Don Antonio, definen que los más “justo” es aumentar el salario mínimo un 5%, dejándolo en $315.
Volvemos a Urrao en donde están Salomón y Lucas, los dos trabajadores de Don Antonio, cada uno recibe cada vez $200, que destinan a vivienda $80, alimentación $50, educación de sus hijos $40, y $40 a otros gastos y ahorro. Saben que sus parientes que viven en Medellín se gastan más del doble para cubrir cada uno de estos rubros, por eso quizás se quedan viviendo en el pueblo, “al final es más sabroso y barato” dicen.
Un día le llega una delegación del Ministerio de Trabajo y la UGPP al cultivo a Don Antonio a una visita rutinaria “dicen” para revisar el cumplimiento de las normativas laborales de su cultivo. Rápidamente descubren que los trabajadores ganan por “debajo” del salario mínimo, y proceden a multar a Don Antonio. Hábilmente y con sabiduría de campesino Don Antonio logra convencerlos de no hacerlo y por el contrario capacitarlo en el cumplimiento de la Ley. Rápidamente le informan que debe contratar a Salomón y a Lucas por $315 y adicionalmente destinar $158 más para sus prestaciones sociales, en total debe pagar $473. Se van los funcionarios y Don Antonio en su pequeño cuaderno hace las cuentas.
Vende $1.200, debe destinar $600 a costos del cultivo (insumos, transporte, etc.), le quedan $600. Para contratar a los dos trabajadores debe pagarles $946, es decir quedaría debiendo luego de vender todo $346. Decide entonces Don Antonio cerrar el cultivo. Antonio, Salomón y Lucas quedan sin trabajo.
Esta historia se repite en todo el territorio nacional millones de veces, nuestro salario mínimo está pensado en los costos de vida y los niveles de ingreso y producción de las grandes ciudades y empresas, e ignora el 95% de la realidad nacional. Es por esto por lo que, para generar empleo formal de calidad, necesitamos un salario mínimo diferenciado por regiones, que tenga en cuenta la historia de Don Antonio y cuánto vende, y por supuesto la vida de Salomón y Lucas y su costo de vida. Las condiciones de Urrao son muy distintas a las de Bogotá, sería interesante que Juan Esteban, Carlos y Pedro se dieran una pasada por allá.