La elección presidencial del pasado 28 de julio en Venezuela constituye el único certamen electoral en el que la autoridad proclama vencedor sin aportar las actas de escrutinio que sustenten su decisión, a pesar de las legítimas solicitudes de varios países, especialmente las formuladas por Brasil, Colombia y Méjico, que dieran fe de la trasparencia de los escrutinios y permitieran el reconocimiento de sus resultados. Así lo habían expresado los presidentes Lula, Petro y López Obrador como condición insustituible para avalar su legitimidad, sin hallar satisfacción por parte de un CNE silenciado por el régimen de Maduro y obligado a sostener haber sido víctima de un hackeo de las actas que no denunció hasta cuando se vio compelido a la revelación de las mismas, que no ocurrirá porque confirmarían la autenticidad de las recaudadas por la oposición en los propios centros de votación y de conformidad con la legislación vigente..
La troika presidencial se deshizo con la salida del mejicano que decidió esperar el dictamen del Tribunal Supremo de Venezuela, cooptado por el régimen, sin competencia para la decisión que le confían y que tampoco develará las actas de escrutinio que se hallan a buen resguardo del sátrapa. Lula y Petro, incomprensiblemente proponen la ilusoria conformación de un gobierno de coalición, o repetir las elecciones realizadas bajo las condiciones de la dictadura, sin cambios en su regulación y condiciones, sin consulta con los vencedores el 28 de julio, pero seguramente teñidas de mayor violencia a los electores y más intensa violación de los derechos humanos de los venezolanos. Una especie de ultimátum de sumisión a la oposición y a la inmensa mayoría de los venezolanos que claman por el respeto a su vida y a sus libertades.
El hecho de que el régimen de Maduro se haya autoexcluido de su membresía a la OEA, al sistema interamericano y a sus instrumentos jurídicos para la defensa de la democracia y de los derechos humanos, no sustrae a Colombia y a Brasil de la obligación del respeto de la Carta Democrática de la OEA y de la Convención Americana de Derechos Humanos que en su artículo 23 consagra los derechos políticos de participar en la dirección de los asuntos públicos, directamente o por medio de representante libremente elegidos, así como votar y ser elegidos en elecciones periódicas auténticas realizadas por sufragio universal.
Repetir las elecciones convocadas por el régimen en las que, a pesar de todas las vulneraciones posibles a las condiciones de un certamen democrático le dieron la victoria a los perseguidos y ultrajados, equivale a someter a la oposición y a los venezolanos a mayores vulneraciones de sus derechos al goce de la democracia y al respeto de la propia vida. Calificar al régimen de Maduro de autoritario y no de dictadura confirma una vez más la deriva ideológica de Lula que contagia a Petro, y a buena parte de la izquierda en las Américas.
Si prevaleciera la sensatez se entendería la importancia de contribuir y respaldar la transición que haga posible la transmisión pacífica y concertada del poder a principios de enero del 2025. Es una tarea de alta complejidad que debe resolverse por los venezolanos y acompañarse de eficiente labor diplomática que caracterizan a los cancilleres de Colombia y Brasil. Petro debe entender que se trata de un asunto del mayor interés para la paz en Colombia y la estabilidad democrática en el continente, y conveniente para disipar las sospechas que se ciernen sobre las elecciones del 2026 en el país.