De los proyectos de ley que tramita el Congreso de la República se suele decir a menudo que se sabe lo que entra pero no se sabe lo que sale al final para sanción presidencial. El proyecto de ley de financiamiento no ha sido la excepción. Tirios y troyanos coinciden en que lo aprobado es una verdadera colcha de retazos. Y entre retazo y retazo, además de las gabelas impositivas a favor de las grandes empresas, se coló un artículo mediante el cual se crea el Fondo de Inversiones de Iniciativa congresional, el cual importaron del proyecto de acto legislativo de la reforma política que acababa de ser aprobado en su primera de dos vueltas.

La iniciativa partió de la senadora del Centro Democrático, Paloma Valencia, y en virtud de la misma el Congreso y los congresistas recobran la iniciativa del gasto que le estaba vedada, pudiendo presentar y aprobar proyectos de inversión específicos, hasta la concurrencia del 20% del presupuesto de inversiones. Las críticas no se hicieron esperar, dado que con ello se estarían reviviendo los execrados “auxilios parlamentarios” que tanto se abominan.  

La Constituyente de 1991 quiso cortar por lo sano, para evitar que la gangrena de la corrupción corroyera el parlamento y proscribió los auxilios parlamentarios a través del artículo 355 de la Constitución Política. Pero, a poco andar, el lugar de los “auxilios parlamentarios” lo vinieron a ocupar los denominados “fondos de cofinanciación” y el “Fondo Interministerial”. Posteriormente los “fondos de cofinanciación” y el “Fondo Interministerial” mutan y se convierten en los cupos indicativos o los “recursos por regionalizar”.

Además de la distorsión presupuestal que han significado estas distintas modalidades de injerencia del Congreso de la República y los parlamentarios en la asignación del presupuesto de inversión pública, ahora motejada como “mermelada”, tienen como hilo conductor la falta de transparencia y probidad en la ejecución de tales recursos. Lo que se censura no es el hecho mismo de que los congresistas gestionen recursos para que estos sean invertidos en sus regiones, sino la relación incestuosa entre gobierno y Congreso de la República y el entramado corrupto al que han dado lugar. De allí la reacción contra la “mermelada tóxica” en que se han convertido por parte de la ciudadanía.

Ello explica el airado rechazo que ha recibido la aprobación por parte del Congreso de la República de este Fondo, que revive los “auxilios parlamentarios”. Con lo que se acaba de aprobar por parte del Congreso, con la anuencia del Ministro de Hacienda Alberto Carrasquilla, se está borrando con el codo por parte del partido de gobierno y del Congreso en pleno lo que el cándido Presidente Duque intenta hacer con la mano, cuando sostiene que “con el apoyo del Congreso se aprobó un presupuesto, en el que no hay ni un solo cupo indicativo; lo que demuestra que pueden llegar los recursos transparentemente a las regiones de Colombia”. 

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*Miembro de número de la ACCE