Quiero agradecer a la Academia Colombiana de Jurisprudencia por haber propuesto ante el presidente Iván Duque y la Ministra de Educación mi nombre para hacer parte de la denominada “Misión de sabios”, que desea revivirse, con el propósito de aumentar la inversión en ciencia y tecnología y contar con un grupo de expertos que pueda aterrizar el documento “Desafíos para el 2030”, en el que se incluyeron los logros que deberá cumplir el país para ese año en temas como la ciencia, la tecnología, la educación y el ambiente.

Dicha política pública al año 2030 quiere que se efectúe una reflexión sobre las oportunidades que tenemos como país en las siguientes décadas para superar esa alternativa “colombianizada” para resolver los problemas locales, que en realidad son globales y que han generado un avance muy modesto en los principales indicadores de desarrollo del país.

Claro, es cierto que como sociedad hemos avanzado en la gratuidad y acceso a la educación básica y media, pero también que el programa “Ser pilo paga” será reformulado o liquidado; que hay organizaciones e instituciones para el fortalecimiento de la educación, pero que las estampillas para las universidades públicas se van más en funcionamiento que en inversión en investigación; que el gobierno del sector educativo público es democrático, pero que los regímenes dictatoriales al interior de la educación privada también afectan el desarrollo de las instituciones,  etc.

Si bien el futuro es la ciencia, una ciencia sin educación representa una utopía inútil. Hace 25 años el doctor Rodolfo Llinás pronunció el discurso de instalación de la anterior “Misión de sabios” y expresó: “El futuro de Colombia va a estar profunda y directamente relacionado con la capacidad que los colombianos tengamos de organizar la educación; la hija de la educación: la ciencia; y la hija de la ciencia: la tecnología. Sin la menor duda, este entrelazamiento será uno de los ejes principales de nuestro país en el siglo XXI”.

Han transcurrido casi dos décadas del siglo XXI y poco se ha avanzado; por ejemplo, en la administración anterior hubo nueve directores de Colciencias y, por eso, no se ha podido acelerar el diseño de las trayectorias de desarrollo y crecimiento en investigación, porque en ese sentido carecemos de un verdadero sistema y de una política nacional de ciencia, tecnología e innovación, regida hasta ahora por principios burocráticos y de falta de recursos para un razonable desarrollo de la CTI. En 2018, por ejemplo, el sector sufrió un recorte presupuestal de $98.0000 millones, pasando de $320.000 millones que le asignaron en 2017, a $222.000 millones para este año, mientras que la “Misión de sabios” de 1993 decía que el presupuesto para investigación debería quintuplicarse.

Creo que es importante que exista un verdadero Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Investigativa y que así como el país siguió los ordenamientos de la OCDE en tener con período fijo a los superintendentes, el Director de Colciencias tenga también período fijo, coincidente con el Plan Nacional de Desarrollo y la política nacional que con base en el principio de consecutividad se establezca para la CTI.

Lo importante es que no siga habiendo estudios y se falle en la aplicación y ejecución, debemos ponerle manos a la obra a las propuestas, porque la ciencia y la educación, sumada a la tecnología, son esfuerzos de largo plazo, que requieren ser respaldados de manera consistente, al menos hasta el 2030.