Definitivamente Juan Manuel Santos hace lo que se le da la gana. Desconociendo el mandato popular del 2 de Octubre ha decidido acudir al Congreso para simular una nueva refrendación del Acuerdo firmado con la guerrilla de las Farc. A través de un procedimiento poco ortodoxo, buscan darle validez jurídica y política a un Acuerdo que implica profundas transformaciones a nuestro orden constitucional. Desafortunadamente el Gobierno ha decidido tomar este camino, a manera de atajo, haciendo insostenible el Acuerdo y generando más divisiones entre los colombianos.

Tras la nueva firma del Acuerdo, se confirmó que la palabra de Juan Manuel Santos no vale nada. El Presidente se comprometió con el pueblo colombiano a refrendar popularmente el Acuerdo con las Farc, pero ante su negativa decidió hacer caso omiso a dicho mandato. ¿Para qué le consultó a los ciudadanos sino respetaría su decisión?

Ante el triunfo del No en el Plebiscito, era una obligación del Gobierno Nacional asumir la defensa de sus argumentos en la mesa de negociación, como representante de la voluntad mayoritaria del pueblo colombiano. Por el contrario, el gobierno Santos se dedicó a descalificar sus propuestas y a desconocer el resultado electoral, profundizando las diferencias y la polarización que había dejado la campaña previa a la consulta.

Desconociendo el mandato popular, Juan Manuel Santos acude al Congreso para darle apariencia de legalidad y legitimidad a un Acuerdo que fue rechazado por el pueblo. Como si se tratara de un circo, van a meter el resultado del 2 de octubre en un sombrero para sacar un conejo. El problema de despreciar los pronunciamientos populares y los mecanismos democráticos, a través de atajos con forzadas justificaciones leguleyas, es que no generan la obligación de respetarlos.

Las cosas se deshacen como se hacen. Si el Congreso se presta para que el Ejecutivo desconozca la decisión mayoritaria de los colombianos, en un futuro el pueblo tendrá plena justificación para desconocer la imposición arbitraria de unos acuerdos carentes de legitimidad. La única vía para que los acuerdos tengan plena legitimidad y sean respetados por todos, es que sean producto de un amplio consenso o de la decisión democrática de la mayoría de los ciudadanos. De otra manera, nadie se verá obligado a respetarlos.

Yo puedo entender que haya muchos colombianos que apoyen el Acuerdo, lo que no puedo entender es que estén dispuestos a saltarse los procedimientos democráticos con tal de imponerlo. Refrendar e implementar el Acuerdo, a punta de pupitrazos, en un Congreso a disposición del Ejecutivo, es el camino rápido pero también la garantía del fracaso.

No se puede desconocer la legitimidad del Congreso para tramitar las leyes y los Actos legislativos que se deriven del Acuerdo, pero en ningún caso puede ser utilizado para sustituir al constituyente primario. Con ese argumento no habría necesidad de consultarle al pueblo nada y sus facultades quedarían reducidas a las electorales.

@SHOYOS