Represento a los ganaderos en la Junta Directiva de Finagro y, en tal condición, sería omisivo no referirme al Crédito Agropecuario, a propósito del debate público sobre la Línea Especial Colombia Agro Produce, creada para apoyar la producción rural durante la pandemia.
Al margen de las investigaciones de los órganos de control, el problema es más de fondo, del Sistema de Crédito Agropecuario, creado hace 30 años por la Ley 16 de 1990, que dio vida a Finagro, y fue modificado a retazos sin que hasta hoy se haya revisado integralmente. Como en muchos aspectos de la vida nacional, tuvo que caernos una pandemia para hacer esos cambios profundos y necesarios, cuando el sistema evidencia sus distorsiones e inequidades.
La desviación de la sustitutiva: Finagro es operador de las directrices de la Comisión de Crédito Agropecuario, con una oferta de líneas de fomento que llega al productor a través de los bancos, conocida como “cartera de redescuento” y alimentada, principalmente, por la emisión de Títulos de Desarrollo Agropecuario, que son inversiones obligatorias para los bancos.
Sin embargo, el crédito de redescuento, que fue bandera y esencia de Finagro, se empezó a degradar durante la última década, al punto que en 2007 representaba el 78% del total de las colocaciones y, doce años después, en 2019, apenas aportó el 19%.
¿Qué pasó? La ley les permite a los bancos “sustituir” la inversión forzosa por el otorgamiento de créditos directos, registrados como Finagro, pero flexibles en sus condiciones y orientación; y como la lógica de fomento es diferente a la lógica comercial de los bancos, estos empezaron a enfocarse en los segmentos de menor riesgo, como la gran agroindustria, que es, además, esencialmente urbana. No es extraño, entonces, que en 2019 la cartera sustitutiva se hubiera llevado el 81% del total de colocaciones.
La inequidad hacia el productor primario: La ley misma permite esa “fuga” de recursos, a partir de una concepción de cadena que es válida, pero sin perder el objetivo de privilegiar al productor ligado a la tierra. Hoy, cuando existen gigantes de la comercialización y la agroindustria, un “gran” productor rural, con activos apenas superiores a los $4.000 millones, no se puede comparar con empresas agroindustriales que se miden en billones. No es en vano que, en 2019, los comercializadores y transformadores recibieran $11 billones, equivalentes al 56%, mientras al eslabón primario llegaron $4,7 billones, el 25% del total.
La inequidad hacia el pequeño productor es apenas un resultado de esas distorsiones. En 2019, los pequeños recibieron el 13% de los recursos, mientras los grandes absorbieron el 71%.
En un tema tan estratégico para el campo, es necesario aprovechar la coyuntura de cambio que nos impone la pandemia. Por ello presenté una proposición a la Junta Directiva de Finagro, con cinco elementos sustantivos para el nuevo Crédito Agropecuario.
1) Clasificación del productor por ingresos y no por activos. 2) Diferenciación del verdadero productor primario, ligado a la tierra y los animales, de los eslabones de transformación, comercialización y servicios de apoyo. 3) Reestructuración de la cartera sustitutiva, con cupos obligatorios para pequeños, medianos y grandes productores primarios. 4) Asistencia técnica obligatoria para pequeños productores, que facilite el acceso al crédito y disminuya el riesgo y la tasa de interés. 5) Sistema Móvil de Garantías, administrado por Finagro, que libere cupo hipotecario al ritmo de la amortización, permitiendo acceso permanente al crédito.
La plata del campo para el campo, debe ser la consigna en tiempos de cambio, no solo como propósito de equidad, sino de futuro para Colombia.
@jflafaurie