Hace algunos meses observamos con estupor la espectacular fuga de la exsenadora Merlano, desde el consultorio odontológico donde era atendida, condenada a quince años de prisión por delitos contra el sufragio, al haber sido sorprendida in fraganti, el día de las elecciones, comprando los votos requeridos para su curul. Esta práctica, muy recurrida en algunas zonas de la región Caribe, evidenciada en esta oportunidad, se convirtió en un caso paradigmático, pues podría arrojar las claves para investigar y sancionar, de una vez por todas, estos vicios electorales que atentan contra el sufragio democrático.

La senadora burló a los guardianes del Inpec, develó una vez más lo ineficaz que es esa institución estatal; y lanzándose por una ventana, subió a una moto, y a la manera de un “rappi” “tomó las de villadiego” y no volvimos a saber de ella, como si se la hubiera tragado la tierra.  Hasta que el día de ayer, supimos que fue detenida en la República Bolivariana de Venezuela, en un acomodado apartamento en la ciudad de Maracaibo, donde se encontraba ilegalmente.

¿Qué se sigue ahora para que el caso no quede impune en Colombia y no se pierda la oportunidad de poder indagar sobre la forma como operan las mafias electorales en la región Caribe y más concretamente en Barranquilla? Pues el asunto es bastante complejo, ya que frente a una fugitiva de esta naturaleza, solo hay dos caminos: uno, que el Gobierno venezolano, motu proprio la deporte, acto unilateral a su discreción, que no sabemos si lo quiera realizar; y el segundo camino sería la extradición, solicitada por Colombia, y que supone un procedimiento bilateral entre los dos países, donde intervienen diferentes órganos de ambos estados.

El problema para ambos casos es que Colombia y Venezuela tienen rotas sus relaciones diplomáticas; ello significa que no habrá colaboración de ninguna clase de parte de Venezuela, y es más, el gobierno de Colombia hace rato tampoco atiende los pedidos de extradición del régimen de Maduro a quien considera un dictador, por razones obvias, pues este reclama  a sus perseguidos políticos refugiados en el territorio patrio, amparado en decisiones judiciales, de un sistema cuya independencia es nada confiable.

La información del Gobierno colombiano, a través, de la Ministra respectiva, es que solicitará la extradición al Presidente interino, Juan Guaidó. Esto es un saludo a la bandera. Bien sabemos, que se trata de un Presidente simbólico, para efectos políticos, pero sin ningún poder de acción, sin cancillería, sin ministros, a quien no obedece el poder judicial que cumple funciones de cortesana en ese país. Son las consecuencias de la ruptura entre los dos países. 

Es previsible que además de todas las aberraciones que ocurren en Venezuela, ahora esté convertida en cueva de delincuentes. El mayor éxodo humano de los últimos tiempos sucede en la vecina nación y la mayor parte la recibe nuestro país; por ello no vemos ningún problema de que al menos reciba algo de nuestra población carcelaria.