El procedimiento que se introdujo en La Habana sobre el ‘fast track’, con las facultades extraordinarias que le otorgan al presidente de la República de Colombia, cumple las mismas funciones ilegítimas  de la Ley Habilitante que convirtió a Hugo Chávez en dictador. Incluso por esa vía desconoció el referéndum que perdió por la  reelección.  En ese entonces, al no concurrir la oposición a la Asamblea, la corporación le aprobó a Chávez leyes habilitantes de índole bonapartista que le permitieron reestructurar el Estado y gobernar a capricho.

Aquí, al incorporar lo acordado en La Habana con las Farc al bloque de constitucionalidad, la Corte Constitucional, mediante un ‘golpe de estado’, conculca la independencia del Congreso, aprueba la vía rápida del ‘fast track’, sistema en el cual los representantes del pueblo quedan de notarios que registran la iniciativa legislativa de La Habana en los acuerdos de paz y que el Presidente, en uso de facultades especiales, presenta para su aprobación.

Tamaño contubernio de los poderes públicos no tiene antecedentes en la historia constitucional colombiana y   contribuye de manera progresiva y peligrosa a anarquizar el país, sometido a la prosa farragosa y enrevesada en la que se redactan los acuerdos, que la mayoría de la población desconoce. 

José Gregorio Hernández sostiene “que en este momento existen nubes grises que impiden establecer con claridad cuáles normas de la Carta de 1991 están vigentes y cuáles no”. Es evidente que se trastoca, so pretexto del acuerdo de paz, la estructura del Estado, lo mismo que se convierten en inimputables a los agentes de las Farc y se desconocen los derechos de las víctimas reducidas al dolor y la impotencia. Sorpresivamente la Corte Constitucional, en buena hora, al resolver la demanda del Centro Democrático, da marcha atrás, cuando parte del daño está hecho, y le devuelve sus facultades al Legislativo.

La anarquía contagia a quienes detentan el poder y la magistratura, aun así algunos legisladores insisten en aplicar el recurso del ‘fast track’ a todo tipo de leyes. Lo que podría conducir a la peor proliferación de ‘micos’ y el caos del sistema.

No es de sorprender que un legislador se ufanara al sostener, con cierto ingenuo orgullo, que “Colombia es un país de los más avanzados en leyes en el planeta, puesto que ha tenido más constituciones y reformas que los Estados Unidos, desde 1810”. Cuando esa potencia tiene la misma Constitución desde 1787, con apenas unas pocas enmiendas y esa es una de sus virtudes.

La anarquía avanza implacable como el invierno por el país a raíz de lo acordado en La Habana, y al trasladarse al Congreso vulnera el Estado de Derecho. Fuera de que tuvimos legisladores ad hoc en La Habana, después de ganar el No en el plebiscito sobre el acuerdo de paz, el Gobierno escamoteó la voluntad popular de los millones de ciudadanos que ganaron en las urnas, para declarar de manera ilegítima el triunfo del Sí.

La alta política y la prudencia invitaban a lograr la unidad nacional renegociando algunos aspectos del acuerdo, para sortear, entre otros, los problemas  que se avecinan por cuenta de los postulados subversivos que contiene el Proyecto de Ordenamiento Rural de la Ley de Tierras, que tiene con los nervios crispados a grandes, medianos y pequeños propietarios, quienes tiemblan cuando les mencionan la eventual expropiación y que terceros sean los que definan cuáles van a ser las 700.000 hectáreas, a las que se suman 300.000 más, hasta alcanzar 3 millones, del Fondo Gratuito de Tierras, que pretenden conseguir mediante la extinción de dominio.

Francisco Noguera, con visión de diplomático sagaz califica como muestra de la “desorientación partidista” la votación conservadora que hundió en la Cámara el Referéndum presentado por dos millones trescientos mil ciudadanos e impulsado por la senadora Viviane Morales. Un puñado de congresistas “desorientados” se burla de la soberanía nacional y de la Constitución. Es desesperanzador que los representantes  conservadores  desconozcan nuestra doctrina que privilegia la familia y establece con claridad inobjetable la naturaleza del matrimonio en el Código Civil, obra maestra de Don Andrés Bello: Artículo 113: El matrimonio es un contrato solemne por el cual un hombre y una mujer se unen con el fin de vivir juntos, de procrear y de auxiliarse mutuamente.

La familia, expresión de la fuerza telúrica de nuestra tierra, es la célula madre natural sobre la que se levanta nuestra arquitectura social. Lo conservador se afirma en la defensa a ultranza de la familia, la propiedad y la justicia. Resulta aberrante el triste espectáculo de los legisladores indoctrinarios y “desorientados” que se despachan contra el matrimonio cristiano.