La monarquía británica

La conmemoración de los sesenta años de reinado de Isabel II, el más largo en Inglaterra después de los 63 de la reina Victoria, induce a reflexionar sobre las monarquías hereditarias, sobre por qué, en pleno siglo XXI, muchos países tienen como jefes de Estado a personas no escogidas por el pueblo sino por descender de anteriores monarcas y, al menos en Occidente, no tienen mayor poder político pero representan una apreciable carga financiera. Estos monarcas son altamente apreciados por la mayoría de sus “súbditos”, que no contemplan reemplazarlos, son, se puede decir, la encarnación de la nacionalidad. Pensamos no solo en Gran Bretaña, sino también en otros Estados monárquicos occidentales, como por ejemplo, Canadá, España, Dinamarca, Suecia, Países Bajos, Bélgica, Noruega, etc. En el mundo cuento 44 monarquías, entre constitucionales y absolutas. En las Américas hay cinco países que tienen como jefe de Estado a un monarca. Pero hablemos solo de Gran Bretaña, España merecería nota especial por obvias razones, solo digamos que su monarquía sorprende después del interregno (1931-1975) de la Segunda República, la Guerra Civil y la dictadura franquista.

Durante los últimos cien años se han expresado ideas antimonárquicas en Gran Bretaña y su más conocido exponente es el político laborista Tony Benn, pero las encuestas no dan a los republicanos una aceptación superior al 25%, aun durante los escándalos de la realeza. Ninguno de los tres grandes partidos políticos favorece abolir la monarquía. Gran Bretaña experimentó con la república en el siglo XVII (1649-1658) cuando la Comunidad (Commonwealth) y Oliverio Cromwell pero no les quedó gustando. Las razones para conservar estas monarquías hereditarias en Occidente parecen ser fundamentalmente dos: la costumbre, un cambio no se justifica si no es necesario y la carencia de verdadero poder de los monarcas constitucionales. La reina no manda. Quienes tienen el poder son el Parlamento y el primer ministro. Las supuestas prerrogativas del monarca son, en realidad, prerrogativas del primer ministro, quien, sin necesidad de autorización del Parlamento, “aconseja” a la reina tomar ciertas medidas, sin que ella pueda negarse, como entrar en guerra (Malvinas, Afganistán), nombrar ministros, enviar tropas al extranjero, hacer y ratificar tratados internacionales (Comunidad Europea). Por su lado, el Parlamento tiene el poder decisivo, decide quien será el primer ministro y sus leyes no están sujetas a norma superior (“toda ley es norma constitucional,” lo que los salva de la dictadura de los jueces). La única prerrogativa que es efectiva es la de conceder ciertas distinciones honoríficas, como la Orden de la Jarretera. En cuanto al gran poder del primer ministro al dar “consejos” (obligatorios) al monarca, el actual primer ministro, David Cameron, ha hablado de entregar estas “prerrogativas” al Parlamento el que, aduce, con mucha razón, debe tener la facultad de declarar la guerra y hacer los tratados. Decía Bagehot que los derechos del monarca eran ser consultado, aconsejar y prevenir.