Con la intervención de Sanitas EPS, el gobierno confirmó las fúnebres predicciones de la exministra Corcho y desató la crisis con las más graves implicaciones sociales en la accidentada historia de nuestro país. Destruir el sistema de aseguramiento en salud que nos garantizó cobertura universal con igualdad de derechos para toda la población, es el mayor desastre que nos han obligado a padecer, e instrumento de retaliación por el hundimiento del esperpento de reforma el pasado miércoles en el Senado de la República.

Esa victoria puede convertirse en pírrica si no entendemos que el presidente y sus ministros del Interior y Salud se proponen cumplir sus objetivos con la ejecución de tres fases en curso: a) uso y agotamiento de las reservas técnicas de las EPS; b) consolidación de un monopolio estatal; c) colapso del sistema actual de salud. Hoy, el sistema está al borde del abismo víctima de una opresión financiera que lo conduce a la quiebra como consecuencia de la ejecución de un plan de desfinanciamiento sistemático. El puntillazo final lo logró el ministro de Salud desviando el 5% de los recursos del sistema para financiar supuestos equipos básicos, a pesar de las advertencias de la Procuraduría.

Merece especial atención la confesada opinión del superintendente Leal sobre las EPS: “No hay nada más malo que una EPS”. Aupado en esa especie de revelación intervino también a la Nueva EPS. A manera de castigo fueron nombrados interventores dos reconocidos incapaces, como suele ocurrir cuando se trata de militantes del mismo breviario ideológico del presidente.  El resultado no se hizo esperar. Cuatro IPS y proveedores de Sanitas han dado ya por terminados los servicios.

Casi ninguna intervención en el sistema de salud ha arrojado resultados positivos. Suelen terminar en saqueos y posteriores liquidaciones que afectarán hoy a cerca de 17 millones de usuarios y muy posiblemente pronto sumarán la totalidad de los beneficiarios del sistema, convocados a su propio calvario y muerte por un gobernante cegado por el odio y sus delirios.

El gobierno no está preparado para atender los millones de pacientes que se van acumulando al ritmo de la premeditada destrucción del sistema de salud. Una hecatombe de muertes se cierne sobre los colombianos, que además se acompaña de una escasez de remedios que el presidente y su entorno se han encargado de alimentar. El mentado propósito de la vida se nos tornó velozmente en instrumento implacable de muerte. Hoy pretende la abdicación ciudadana y la convocatoria a que nos subyuguemos a una voluntad que no está lejos de darle razón al deslenguado presidente argentino Javier Milei.

Este es el momento de la resistencia de ciudadanos e instituciones. A los ciudadanos nos corresponde defender la salud y la vida en las calles y con las herramientas jurídicas a nuestro alcance, y a la institucionalidad contener los desafueros del presidente para fortalecer nuestra democracia y el respeto a nuestras libertades y existencia. Lo hizo el Senado y lo debe confirmar la justicia con sus fallos y poniendo fin al estado de cosas inconstitucional que ya prevalece. Y a la Procuraduría ejercer sin pausa sus competencias para que nunca más gobernantes en apuros atenten contra la vida de los colombianos.