El paro camionero dio varias lecciones. Tres hechos la hicieron totalmente diferente a las protestas de 2021. Ante los vacíos en la reglamentación del término de “pacífica” de la manifestación, movilización y reunión social prevista en la Constitución, son los manifestantes los llamados a idearse las maneras de reclamar sin vandalismo ni destrucción. Los corredores humanitarios, el paso a niños y adultos mayores o los bloqueos intermitentes son un comienzo, pero son apenas una alternativa ante la falta de una normatividad y un protocolo inequívoco.
El gobierno actual lo ha vivido en carne propia. Aunque comenzó por estigmatizar y denegar, con la advertencia de no dar pasos atrás, la historia cambió. Hoy, libre del apasionamiento y el frenesí ideológico de quienes gobiernan, podría mirarse con más serenidad la posibilidad de reglamentar la materia.
Las formas de acción de los convocantes al paro camionero se aislaron de actos de violencia como los que vimos en el año 2021. Sin embargo, un bloqueo sigue siendo una interrupción al proceso productivo, su oferta y la movilidad en general. Hoy en día, es a los promotores de paro a quienes les toca marcar las pautas para ejercer presión en una legítima protesta sin vulnerar los derechos de los demás. Deben descifrar cómo hacer para ser oídos sin impedir las garantías y derechos de los demás, que es el gran dilema.
Sin encapuchados, sin destrucción y con una negociación basada en un sentido práctico y concreto los camioneros hicieron que se temiera menos de los efectos de una protesta. Incluso, había latente un sentir de la sociedad en cuanto “están en su derecho”.
En el pasado reciente, en el gobierno del presidente Duque, la dispersión en las necesidades o en la reivindicación de derechos, puestos en tela de juicio, se interpretaban más como un claro deseo de querer desestabilizar al gobierno. Pelear por todo termina siendo por todo y nada. En su momento se recogieron en la plataforma digital de la Conversación Nacional cerca de once mil propuestas y el Comité del Paro presentó ciento cuatro peticiones.
La protesta de los camioneros, en cambio, se manejó con un sentido mucho más concreto y práctico. El acuerdo termina en claros catorce puntos. Tanto sociedad como gobierno y manifestantes tenían definidos sus propósitos de orden económico. El padre Rafael de Brigard en una columna en El Nuevo Siglo titulada “Nuestro escaso sentido práctico”, pone de manifiesto cómo muchas veces nos quedamos sentados en las palabras o arraigados a nuestros nichos: “vivimos como refugiados en ellas y todos los días nos inventamos nuevas para ocultar las heridas que nos lastiman de tiempo atrás. Hasta los mismos revolucionarios están atrapados por su propio diccionario. Ningún sentido práctico”.
Ahora queda el cumplimiento del Acuerdo y la posibilidad de reglamentar el derecho a la manifestación social sin prejuicios. Pueden rescatarse, como un acuerdo sobre lo fundamental, las bases del proyecto de ley archivado 280 de 2019. Solo así se entendería que las manifestaciones sociales para ser pacíficas deben guardar proporcionalidad, universalidad, protección de propiedad, ausencia de encapuchados, urgencias de intervención del Estado, reclusión y medidas pedagógicas a saboteadores, protección de la infraestructura crítica para la prestación de servicios públicos, del patrimonio público y de zonas de servicios de salud y transporte e incluso la regulación a la obstrucción prolongada de las vías públicas. El sentido práctico y la tutela por la vida deberían ser sus principios.
*Presidente Corporación Pensamiento Siglo XXI