Tremendo lío en el que ha introducido el Fiscal Martínez a Colombia, a sus instituciones y lógicamente a la democracia. Cuando hizo parte de la terna para elegir a quien se encargaría de manejar la Fiscalía, los periodistas lo interrogaron específicamente sobre las posibles inhabilidades y conflictos de interés que podría tener, dados sus éxitos profesionales y la cantidad de negocios que su bufete llevaba a prestantes empresas, personas y entidades.

Sus respuestas siempre fueron negativas. Nunca admitió que tendría que declararse impedido en muchos casos. No estimó la posibilidad de tener comprometida la independencia que debe acuñar un funcionario con semejante labor y desmedido poder.

Como los días transitan con mayor velocidad que la “fórmula uno”, más temprano que tarde se llegó la hora en que se empezaron a presentar los conflictos que la gran mayoría de los juristas, estudiosos de la materia y comunidad en general habían previsto. Y fueron los casos de Odebrecht los que pusieron a prueba a Martínez Neira, quien como abogado debió atender los negocios del hombre más rico de Colombia.

La opinión pública fue bombardeada con noticias muy preocupantes, escandalosas podría decirse, ya que daban razón de ciertos sobornos que según se ha sabido, pueden llegar a 50 millones de dólares. Y era precisamente la Fiscalía de Néstor Humberto Martínez la que tenía que atender estos casos.

Hasta último momento el titular del ente acusador desestimó la gravedad de semejante delito. Sus declaraciones a la prensa, su olímpica presencia en el Senado, su reacción ante las bien investigadas y documentadas columnas de las colegas María Jimena Duzán y Cecilia Orozco, se limitaron a negar cualquier conflicto. Utilizó intimidaciones a los periodistas y espíritu burlón, como escudo de defensa.

Ante la evidencia de colisiones, el gobierno procedió a conformar una terna para que la Corte designe un fiscal ad hoc.

Al parecer, según una fotografía, la terna fue confeccionada por el senador Uribe, el fiscal Martínez y el Presidente. Los que conocen a fondo las normas jurídicas para funcionarios ad hoc, han encontrado fallas garrafales que invalidan la terna. Una magistrada no puede desempeñar simultáneamente una fiscalía ad hoc. Una Asesora jurídica de la Presidencia, no puede ser juez y parte, porque eliminaría la división de poderes. Sería Ejecutivo y Judicial. Y aparentemente el único válido sería el Decano de la Sergio Arboleda, pero se supo que tiene nexos con Martínez Neira. Total: la terna perdió validez. Habrá que confeccionar otra, pero ojalá que sea el presidente quien lo haga, sin dejar entrometer al senador Uribe y al fiscal Martínez.

Total: partimos una vez más de cero. Pero hay quienes consideran inocua la labor de un fiscal ad hoc, que solo conocerá de tres negocios de Odebrecht. Los demás los seguirá atendiendo Martínez con su gente y sus conflictos.

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