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HAY tareas urgentes que deberá asumir con audacia el nuevo Gobierno: reducir la pobreza, crear empleo, mejorar el salario de trabajadores, reimpulsar la infraestructura y repotenciar el aparato productivo.
Otra asignatura pendiente tiene que ver con recobrar la seguridad. Los monitores indican luces rojas por cuenta de asesinatos, atracos y violencia intrafamiliar.
Estas prioridades solo tendrán éxito si el Ejecutivo reorienta la inversión a los más pobres y se emplea a fondo contra los corruptos.
También tiene obligaciones el sector privado colombiano donde cohabitan coimas y gabelas a favor de terceros.
El eje central de estas responsabilidades pasa por transformación de las costumbres sociopolíticas y socioculturales.
Educar a las gentes, capacitarlas e invertir en su formación, son requisitos para alcanzar mayores índices de desarrollo, inclusión y bienestar.
Que en los próximos cuatro años no se malgaste el dinero de la salud y la educación. Estos recursos no están para el disfrute de corruptos y tramposos.
El Presidente Iván Duque debería proyectar una reforma tributaria que garantice más recursos para educación y madres cabeza de hogar, así como adultos mayores sin pensión ni ingreso.
Destinar parte del IVA, así haya que agregar algún producto suntuario a la canasta, para el fomento de la educación gratuita y el fortalecimiento, modernización y globalización de la salud en campos y ciudades.
Que dineros provenientes de extinción de dominio, bienes que fueron del narcotráfico y que están a la deriva, vayan en parte a la atención de niñas y niños con desnutrición, campesinos sin tierras, desplazados por la violencia y para un seguro de desempleo en las regiones.
Parte de los recursos recuperados por el Ejecutivo mediante acciones contra la evasión de impuestos, bien podrían destinarse a la creación de microempresas municipales y tiendas de barrio, beneficiando a la población más vulnerable, más de 12 millones de colombianos.
Los bancos harían parte del proceso otorgando crédito oportuno y barato con el aval del Fondo Nacional de Garantías.
Estado deberá plantearse obligación de vender al mejor postor miles de bienes inmuebles que tiene en desuso, a la intemperie y en fuerte deterioro patrimonial. Este capital deberá ir a planes de asistencia social como comedores comunitarios, resguardos indígenas, menores que viven en condiciones inhumanas, servicios públicos en caseríos, agua potable, huertas caseras en minifundios donde habitan pequeños labriegos, centros de salud y escuelas rurales.
No todo lo que pregona el Presidente Santos es objetivo. La inseguridad ronda por doquier, se está perdiendo confianza para salir de casa e ir de viaje por carretera, el raponazo abunda como resultado de pobreza, desempleo y carencia de esparcimiento y escenarios deportivos.
El microtráfico es el pan de cada día en parques, calles, colegios, bares y barrios.
El trago amargo de la sociedad sigue siendo el desempleo, informalidad, rebusque y la falta de ingreso. Como consecuencia, no hay vivienda propia, crece deserción en aulas de clase, aumentan el hampa juvenil, las pandillas y atracos callejeros.
No hay que pasar por alto las luces rojas.