Una de las tantas cosas que se han trasladado de la vida física tangible a la digital es la normalización de la agresión en contra las mujeres y particularmente en contra de aquellas “osadas” que se atreven a estar presentes en el debate público.

En las redes sociales los políticos han perdido todo el pudor para atacar a mujeres periodistas e incentivar a sus seguidores a ‘lincharlas’ cuando no les gusta el escrutinio al que los someten. Por eso la Fundación Para la Libertad de Prensa (FLIP), en representación de varias mujeres periodistas del país, presentó en octubre de 2020 una acción de tutela en contra del Consejo Nacional Electoral.

No se puede permitir que los maltratadores de mujeres en redes sociales sigan pasando impunes. Organizar estrategias para desacreditar y atacar mujeres en internet puede ser tan grave como una agresión física. Por eso, lo que busca la FLIP con su tutela, que por cierto ya fue seleccionada por la Corte Constitucional para su estudio, es que el Consejo Nacional Electoral cree mecanismos para sancionar a aquellos políticos maltratadores de mujeres en la red.

La violencia en línea no es inane, es mucho más profunda de lo que muchos han querido ver. El impacto es laboral, psicológico y en muchos casos con repercusiones físicas. Las narrativas instauradas en la red hacen que una ciudadanía enardecida acoja el mensaje digital y lo haga suyo en el plano físico, pudiendo llegar a la agresión corporal.

Por eso es necesario que reconozcamos que los actores políticos juegan un rol determinante en la violencia que experimentan las mujeres periodistas en Colombia. Principalmente cuando se está ad-portas de un proceso electoral como el que se avecina. Además, porque se debe entender que cuando hay un patrón de desprestigio digital en contra de la prensa femenina, éste viene cargado de violencia de género, estereotipos y misoginia. Lo que produce que se pase la esfera de lo laboral a lo personal generando un mayor índice de autocensura en esa población.

No quiere decir esto que no se pueda debatir con una mujer, estamos abiertas al intercambio de ideas y la deliberación constructiva. Sin embargo, la costumbre es que a la mujer no se le ataca por el contenido de sus opiniones, sino que se le deslegitima por el mero hecho de su género. En la mayoría de los casos estas actuaciones empiezan de manera inconsciente con la utilización de diminutivos, referencias al físico, que terminan en acoso cibernético.  

La violencia en contra de las periodistas es una amenaza real a la participación de las mujeres en la esfera pública.  Es una vez más la instauración de un mecanismo que busca sacar del escenario de la deliberación a las mujeres para que este siga siendo un campo netamente masculino. La tutela que entrará a analizar el Tribunal Constitucional es una lucha por la igualdad de género y que busca evidenciar el vacío que existe en el Consejo Nacional Electoral para sancionar a los actores políticos que provocan e instigan violencias en línea.