Mario González Vargas | El Nuevo Siglo
Lunes, 14 de Septiembre de 2015

“Resulta imperativa una reforma de fondo”

 

DEFICIENCIAS

 

Sistema electoral fallido

 

EN  vísperas de las elecciones del 25 de octubre son numerosos los interrogantes y preocupaciones que generan las deficiencias crecientes de nuestro sistema electoral. La atribución a distintos organismos de las responsabilidades de preparar organizar, realizar y vigilar las actividades electorales y las de sancionar las irregularidades que las puedan afectar, ha favorecido toda clase de estratagemas para alterar la libre expresión de la voluntad política de los ciudadanos y, por consiguiente, los resultados de los certámenes electorales. Tenemos un órgano electoral, el CNE, de origen estrictamente partidista, que además ni organiza, ni vigila los procesos electorales, ni mucho menos cuenta con capacidad para sancionar las irregularidades que puedan afectar las elecciones, porque esas competencias se hallan atribuidas a la Registraduría Nacional del Estado Civil y a la Sección Quinta del Consejo de Estado.

 

No existe articulación entre el CNE y la Registraduría en el cumplimiento de sus funciones, de acuerdo con las cuales la segunda organiza las elecciones, dispone los elementos de su realización, desarrolla el conteo y escrutinio de los votos, bajo creciente sospecha de alteración, con independencia del CNE y con dineros de su propio presupuesto. El CNE se ve obligado a tramitar todos los asuntos relativos al ejercicio de sus competencias ante la Registraduría, en una posición mendicante, impropia de su jerarquía y responsabilidades.

 

Por otra parte, el CNE carece de toda posibilidad de vigilar el monto de los dineros utilizados en las campañas, favoreciendo así la irrigación, en cuantías indeterminadas, de dineros de origen ilícito que obviamente alteran la expresión de la voluntad política de los ciudadanos. Tampoco cuenta con una organización que le permita adelantar en el nivel local la inscripción de los candidatos, con identificación de sus inhabilidades, que se amontonan para ser resueltas precariamente a nivel nacional Y también carece de competencia para decretar nulidades que hayan afectado la elección de candidatos porque ella corresponde a la Sección Quinta del Consejo de Estado, con fallos que muchas veces se expiden al tiempo con la expiración del período para el cual resultó elegido el candidato cuya elección se anula.

 

Todo ello deja inmensos espacios abiertos para el fraude, lo que alimenta la incredulidad ciudadana en el sistema electoral y contribuye a los altos índices de abstencionismo en Colombia. Resulta imperativa una reforma de fondo al sistema para que las elecciones del 2018, tan significativas para el futuro de Colombia, no se vean afectadas en su transparencia y legitimidad.