Mario González Vargas | El Nuevo Siglo
Lunes, 2 de Noviembre de 2015

Propuestas de Farc (III)

 

3.         CREACION  de un fondo nacional para el fin del conflicto, la reconciliación nacional y la construcción de la paz. No cabe duda de que el posconflicto será costoso porque exigirá inversiones cuantiosas que permitirían realizar las políticas que se acuerden, así como las transformaciones resultantes y, por sobre todo, la reparación de las víctimas. Expertos estiman que el desarrollo rural demandará anualmente inversión igual, al menos, a un punto incremental del PIB, aproximadamente 8 billones adicionales cada año a cargo del Estado. La reparación de las víctimas alcanza una suma que no se ha cuantificado con precisión y que el Estado ha comenzado a asumir con la Ley de Víctimas. En el proyecto de Acto Legislativo para la Paz se propone un presupuesto plurianual por 20 años para la financiación del posconflicto, que no puede alimentarse exclusivamente con los recursos públicos, ni pretenderse ingenuamente complementar con una hipotética e incierta contribución de la comunidad internacional, agobiada por sus propias crisis sociales y humanitarias. 

Las Farc han guardado silencio en relación con la reparación de sus víctimas. Fingen olvidar que en el derecho internacional la comisión de crímenes de lesa humanidad, de guerra y genocidio, genera la obligación para los perpetradores de reparar a las víctimas en forma proporcional a la gravedad  de las violaciones y al daño sufrido, y que sin esa satisfacción resulta imposible la aplicación de la justicia transicional. La reparación no puede ser meramente simbólica, como lo pretenden algunos, y debe ser efectiva, actuar directamente sobre el daño causado.

El perpetrador está obligado a reparar con su propio patrimonio y la organización con su riqueza acumulada. Las Farc deben entregar sus recursos materializados en bienes, tierras, empresas, inversiones, cuentas bancarias, caletas y otros caudales, provenientes de sus actividades delictivas como el narcotráfico, la extorsión, la minería ilegal, el secuestro y el lavado de activos.

La Corte Constitucional ha expresado que el derecho a la reparación integral supone la restitución de los derechos y bienes jurídicos y materiales, la indemnización de los perjuicios, la rehabilitación, la restitución, medidas simbólicas de reivindicación de la memoria y dignidad de las víctimas y medidas de no repetición como el desmonte de organizaciones victimarias, amén de la verdad y la justicia.

Todos los colombianos estamos dispuestos a contribuir al posconflicto, pero no asumiendo las obligaciones de las Farc. Que no lo olvide el doctor De la Calle ahora que se escuchan los cantos de sirena sugiriendo su candidatura presidencial.