La población carcelaria es sin duda una de las más vulnerables ante la crisis desatada por la pandemia del Covid-19; tenemos un hacinamiento que supera el cincuenta y cuatro por ciento (54%) de la capacidad que tiene el sistema de reclusión del país. Centros de confinamiento como El Pedregal en Medellín, donde hay pico y placa para poder dormir y hasta en los pisos de los baños se tienen que acomodar los reclusos en la noche; ya nos podremos imaginar lo que deben ser los dispensarios de salud y la capacidad desbordada que tienen que afrontar.

Si a todo ello se suma la angustia y el temor que ha desatado entre la población la amenaza del coronavirus y el temor de todas las personas por la suerte de sus familias, ya podemos pensar lo que pueden sentir los reclusos, ante la imposibilidad de actuar en su prisión. No justificamos de ninguna manera al amotinamiento general y los planes de evasión que al parecer estaban organizando en muchas de las cárceles de manera orquestada; pero era de esperarse ante la desazón y la falta de información y la pérdida de contacto con sus familias; faltó una acción informativa y preventiva dirigida a evitar el chubasco.

Al amotinamiento carcelario que vivió el país el fin de semana, en la sola cárcel La Modelo de Bogotá dejó veintitrés muertos y más de ochenta y tres heridos; tremenda ironía, en ese momento las víctimas mortales de la pandemia en Colombia eran solo dos. La crisis carcelaria en Colombia, lo hemos dicho, es una bomba de tiempo, y lo que pasó fue simplemente un detonante. Y ahora resulta que la mejor medida es desocupar las cárceles, enviando a los presos a prisión domiciliaria. Definitivamente, es grotesca la situación, pero más frustrante son las medidas que se anuncian. El problema le quedó grande al Estado colombiano. Ojalá la pandemia no se extienda por la población carcelería; con uno solo contagiado basta para acabar con la congestión y el hacinamiento; lamentablemente, por la vía más inhumana. En las crisis y en las catástrofes se develan las fallas de las instituciones; pero en este caso, la declaratoria de emergencia carcelaria, llego con bastantes años de retraso.

Si el sistema carcelario falla, que decir del sistema judicial. Ya era hora de estar realizando las audiencias por la vía virtual y tele presencial, y que los jueces de la justicia ordinaria tuvieran la atribución de pasar del proceso verbal al escrito, como lo pueden hacer los de la jurisdicción contenciosa administrativa, para que los abogados pudiesen presentar alegaciones de esta manera y los jueces fallar los asuntos otra vez por escrito y no en audiencia. Se pensó que un remedio del siglo XX, la oralidad del proceso, iba a ser la panacea del sistema y lo que ha hecho es restarle calidad y eficiencia, poniendo a los jueces a fallar de carreras. La solución para la congestión judicial, es más presupuesto, más jueces y más tecnología. Si tuviéramos estas tres cosas, no habría ninguna dificultad en que en situaciones como por la que ahora pasamos, el sistema siguiera funcionando y que no se parara la administración de justicia ante una emergencia como esta.