Los esfuerzos en Colombia, a lo largo de los años y durante diferentes gobiernos para conseguir la paz, han contado con el apoyo y cooperación de la comunidad internacional.

Esta positiva realidad ocurre desde cuando nuestro país superó la idea según la cual recibir el apoyo de distintas naciones podría implicar una cesión indebida de soberanía.

En aquellos años se decía que construir escenarios de reconciliación era una tarea exclusivamente nuestra.

Afortunadamente esa postura, que predominó en forma prolongada, fue cediendo frente al impacto de los hechos en otras naciones que pusieron en marcha procesos para conseguir la convivencia por la vía política y con respaldo externo.

Poco a poco se abrió en Colombia la puerta a la presencia de actores externos, que han actuado en coordinación con distintas administraciones.

No fue fácil, pero se logró.

Los primeros intentos en varios países de la región, Europa y organizaciones internaciones fueron discretos.

La opinión prevaleciente en aquellos años obligaba a actuar de esa manera, con el fin de evitar rechazos airados y avanzar en la construcción de escenarios domésticos similares a aquellos que habían resultado fructíferos en otras naciones.

Una vez se logró superar esa barrera conceptual, la presencia de delegados internacionales en suelo patrio, al igual que la acción de muchos en el exterior, han hecho parte del paisaje de las negociaciones de paz.

No es aventurado decir que la principal característica de dicha presencia ha sido apoyar los esfuerzos nacionales.

En el proceso adelantado durante el gobierno que termina, así como se experimentó en otros anteriores, el rasgo mencionado fue idéntico al histórico.

Ahora Colombia vive otra realidad.

El 7 de agosto empezará la administración de Iván Duque, quien asumirá la jefatura del Estado con una legitimidad política incontrovertible.

Ganó el proceso interno en su partido, Centro Democrático, triunfó en la gran consulta por Colombia con la más alta votación histórica en ese tipo de procesos, salió victorioso en la primera vuelta, y en la segunda los colombianos depositaron un número de votos sin precedentes por su nombre.

Y en las distintas etapas de ese exitoso itinerario político planteó su propósito de mantener el acuerdo suscrito con las Farc, introduciéndole algunas modificaciones con el fin de cambiar lo que está funcionando mal.

Con claridad que no admite duda ha dicho y reiterado que, hacia adelante, el narcotráfico no puede ser considerado como conexo al delito político.

También ha señalado que quienes sean encontrados en poder de armas y recursos que no hayan sido declarados serán sometidos a castigos severos.

En igual forma, insiste, sin descanso, en que la erradicación de cultivos ilícitos tiene que ser obligatoria, no voluntaria, y estar acompañada de planes ambiciosos de cultivos alternativos.

Finalmente, aclara en todos los escenarios, nacionales y extranjeros, que el miembro del poder legislativo, en representación de las Farc, que sea condenado por la JEP por crímenes de lesa humanidad, deberá salir del Congreso y ser reemplazado por otro miembro que señale ese partido.

Duque, tiene, entonces, el mandato de mantener el acuerdo y hacer las reformas mencionadas en estas líneas.

Todo quiere hacerlo mediante un gran acuerdo nacional para la paz, edificado en los marcos institucionales existentes.

Los propósitos de la nueva administración crean, pues, el escenario ideal para que la comunidad internacional continúe apoyando los esfuerzos colombianos en favor de la paz.