LA semana que termina ha sido rica en acontecimientos violentos y vergonzosos para nuestra vida democrática. Comencemos con las marchas estudiantiles. En nuestras principales ciudades, pero en especial en la ciudad capital, miles de estudiantes se adueñaron arbitrariamente de las principales vías, creando el caos y en no pocos casos, generando actos vandálicos contra la propiedad y la fuerza públicas. Más de cinco días de protestas contra el gobierno por su abandono en financiar la educación superior. Hechos que fueron secundados por quienes dicen no estar de acuerdo con la reforma tributaria.

Lo preocupante de esta situación es comprobar la absoluta indefensión en que se encuentra la ciudadanía frente a estos energúmenos. Como las autoridades carecen en la práctica de una eficiente capacidad de respuesta y de planes de neutralización de esos desmanes. Ya ni siquiera los organizadores de estas marchas se toman la molestia de pedir los permisos requeridos y las hacen en donde quieren, por donde quieren y a la hora que quieren.

La única explicación posible para que un grupo de antisociales encapuchados se tomen esas marchas, es la de que su criminal accionar obedece a meticulosos y bien planeados actos de sabotaje. Preocupa entonces que las autoridades carezcan de la debida labor de inteligencia para prevenirlos y también no tengan estrategias de choque contundentes. Desde luego el gran combustible de las asonadas es el odio social contra el sistema. Esto en lo relacionado a la violencia física.

De la violencia moral también fuimos víctimas en grado superlativo. Nuevos capítulos de esa vergonzosa telenovela, protagonizada por Odebrecht, salpicaron en esta ocasión al propio Fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez, siendo el más grave la denuncia de que el alto funcionario conocía desde hace dos años los hechos. El Fiscal ha declarado que todo este entramado es un complot en su contra, para tumbarlo.

De todas maneras se trata de unos actos de corrupción alrededor de los contratos que esa firma llevaba a cabo en Colombia, especialmente los relacionados con la Ruta del Sol II. Las cifras comprometidas superan más del medio billón de pesos. Da grima como los depredadores gozan de la más absoluta impunidad.

Por ello causa verdadera indignación ver como verdaderas mafias de la contratación han venido asaltando al erario público, sin que los organismos de control actuaran oportunamente en la defensa patrimonial del estado. Muchos son los responsables. En primer lugar nuestro Congreso Nacional, que por andar politiqueando y preocupado por la “mermelada” no ejerce el debido control político y también nuestra clase política “sin clase” a la que únicamente le interesa la partija burocrática.  

Infortunadamente los electores ejercemos nuestro derecho al voto con una venda que, incluso los medios de comunicación nos han colocado con su indiferencia y desinformación. Es claro que el señor Fiscal sale muy mal trecho de este lamentable episodio.

ADENDA

No nos cansaremos de calificar de injustas y sin razón las críticas que se le hacen a la tarea del alcalde de Bogotá Enrique Peñalosa. Es claro que su segunda alcaldía ha avanzado significativamente en la modernización de la capital. Las imposturas petristas no le impedirán culminar su mandato.