Caminando por los barrios de Bogotá voy conociendo a los vecinos que me cuentan sus historias. Cada persona en esta ciudad quiere vivir con bien-estar. En este andar citadino me he reunido con muchas asociaciones de vecinos y puedo decir que el Plan de Ordenamiento Territorial (POT), que es la ruta de navegación para garantizar un crecimiento urbano en orden, tiene inconformes a muchas comunidades. 

Uno de los casos que me ha llamado la atención es el del Barrio Modelia. Son más de cincuenta mil vecinos que están alarmados por el polígono o zona de alto impacto que permitirá adecuar los usos del suelo para actividades de venta y expendio de licor que ya funciona en el barrio. La “zona rosa” de Modelia es un sanchocho en el que conviven, moteles, discotecas, expendios de droga, cuarenta colegios, dos instituciones religiosas y los cincuenta mil vecinos mencionados.

Si bien el POT intenta organizar el desorden que existe, no solo en Modelia sino en otras zonas de la ciudad, los vecinos se encuentran enfrentados a los comerciantes, los visitantes de la rumba nocturna y sus propios derechos.

Los 17.915 predios del barrio pagan en promedio entre seis y diez millones de pesos de impuesto predial en estrato cuatro. Esto implica un aporte de doscientos mil millones de pesos del total del recaudo del impuesto predial que se está volviendo imposible de pagar. Muchos propietarios que llevan viviendo en el barrio desde hace cuarenta años, reclaman que el costo del predial es una manera soterrada de desplazarlos y que la imposición de un polígono de alto impacto contribuiría al detrimento del valor de sus predios.

Al revisar las discotecas, si bien hay muchas que cumplen con los requisitos y la norma, hay establecimientos que no tienen licencia, ni permiso del uso del suelo lo que implica que afectan el bien-estar de los vecinos usufructuando el uso del suelo de manera ilegal.

El desconcierto por la atención en Planeación Distrital, desespera a los vecinos. Los funcionarios que reciben a la ciudadanía, les prestan atención en la primera y la segunda reunión, pero embolatan las solicitudes y después no los vuelven a atender porque a las comunidades activas las descalifican diciendo que son enemigos del crecimiento de la ciudad. La soberbia de las autoridades distritales no puede atropellar los derechos de las comunidades que han habitando el territorio mucho antes de que las discotecas llegaran, o exponiéndolas a que sean amenazadas desde las trincheras de las mafias, que por debajo de la mesa que se benefician del detrimento que sufren las comunidades por el desgobierno, la falta de socialización o los intereses ocultos de terceros.

Por eso son fundamentales los ediles y los concejales en una ciudad. Para intermediar entre los intereses de las comunidades que los eligen y la administración que tiene el deber de gobernar. La probabilidad de que este POT sea aprobado por decreto es muy alta. Resulta que 36 de los 45 concejales actuales buscan la reelección y no se van a arriesgar a que por cuenta de su voto positivo por el POT les cueste el apoyo de las comunidades a las que hoy les prometen el oro y el moro. Y en la confrontación de los intereses políticos y económicos quedan atrapadas las comunidades que con POT o sin POT, tratan de proteger el territorio donde nacieron ellos y sus hijos.