Se cayó en el Congreso la ley presentada con mensaje de urgencia por el gobierno Duque que buscaba ratificar el Acuerdo de Escazú. Dicho acuerdo pretende garantizar el acceso a la información pública, a la justicia y a promover la participación comunitaria en asuntos ambientales. El presidente Duque, quien desde un principio habló de la importancia de la agenda ambiental en su gobierno, se comprometió públicamente a ratificarlo con mensaje de urgencia. Sin embargo, perdió la partida en el legislativo y quedó mal con todo el mundo.

Sectores ambientalistas y sociales le hicieron seguimiento desde hace algún tiempo a que se ratificara, presionando al gobierno para meterlo en su agenda. A lo que la administración Duque respondió con anuncios públicos de compromiso y la solicitud de mensaje de urgencia al Congreso. Pero si bien el lobby de las organizaciones ambientales y de la sociedad civil cada vez es más fuerte en nuestro escenario político, aún no le ganan al cabildeo de los sectores productivos del país. No fue realmente Duque y su gobierno los que no quisieron se aprobara ese acuerdo, fue la enorme presión que se recibió por parte de los gremios económicos en el congreso.

 A pesar de que dentro del Ministerio de Ambiente tenían la intención de promover su ratificación, en el Congreso se encontraron con una pared de concreto y una enorme presión por parte de distintos sectores. No en vano el propio Germán Vargas Lleras, quien en varias oportunidades ha servido de vocero de los gremios económicos a través de sus columnas, explicó en una de ellas la posición del empresariado frente a ese acuerdo. Consideran que es un despropósito que traería mayor inseguridad jurídica, frenando el desarrollo y crecimiento en sectores tales como la minería, la infraestructura, el turismo y la agroindustria.

Es cierto que en Colombia, a diferencia de Brasil por ejemplo, contamos con figuras bastante avanzadas en torno a la protección de las comunidades étnicas como la consulta previa que se estableció en la Constitución del 91. En ella se define como un derecho fundamental el acceso a la información sobre proyectos, obras o actividades que se pretendan realizar en sus territorios y que pueda afectarlas. Si se comparan los textos se podría inferir que en el país ya contamos con un mecanismo para proteger aquellos derechos que quiere salvaguardar Escazú. Sin embargo, la realidad es que el Estado colombiano había adquirido un compromiso internacional que hoy está incumpliendo. 

 Pero más allá de adentrarme en el debate sobre quién tiene la razón en esta discusión, pues hay argumentos sólidos de parte y parte, quiero evidenciar que injustamente las recriminaciones por parte de la oposición se han centrado en el presidente, cuando realmente quién no quiso que se aprobara fueron aquellos sectores que hoy más que nunca son necesarios para el país. Los sectores económicos, que  deben ayudar a salir de la crisis en la que nos dejó el coronavirus y que necesitan un gran impulso para poder generar empleo y evitar una mayor catástrofe social de la que ya estamos viviendo. Así que a dar el debate pero no con el gobierno, sino con el empresariado que teme que ratificar el acuerdo de Escazú sería una afrenta brutal a la recuperación económica. Por eso, ahora toca a los defensores de su ratificación convencer al sector productivo para que el próximo 20 de julio se ponga nuevamente en la agenda del Congreso.