Un principio fundamental es que Colombia cree firmemente en la necesidad de una reforma a la salud. ¿Quién no quiere que se fortalezca la atención primaria? ¿Quién no quiere que se mejoren las condiciones de eficiencia en la prestación del servicio? ¿Quién no quiere que el sistema de salud llegue a los lugares más remotos de nuestra geografía, dándole atención a los más vulnerables y marginados y que lo haga con Centros de Atención Primaria con los más altos niveles de calidad en la prestación del servicio?

Pero lo anterior lo queremos conservando y mejorando lo positivo. Conservando el hecho de ser una nación ejemplo del mundo con cobertura cercana al 95%. Donde el 73% de la población califica el servicio como bueno. Donde la entrega de medicamentos es buena para el 80% de la población. En síntesis, logrando una propuesta que “construya desde lo construido” y que no deteriore el buen manejo de riesgo operativo y financiero que hacen las EPS; y que no politice y corrompa el modelo al descentralizar el control en los miles de entes territoriales del país. Y menos aún que nos devuelva al modelo fallido del seguro social que acabó con la dignidad de los pacientes y que forzaba a la antipática “palanca del político” para tener un servicio menos malo.

Justo por ello nadie entiende lo que está pasando en la Cámara de Representantes, donde a la carrera y sin rigor se viene aprobando la iniciativa, pero con serios problemas y aún con mensaje de angustia de hospitales, gremios, pacientes y conocedores del sector.

Desde la salud y la vida de los pacientes, la propuesta adolece de problemas de fondo. Nadie sabe cómo será el acompañamiento al paciente, ni quien lo representa, ni quién responde. Nadie tiene claro el nuevo rol de las EPS, como gestoras de vida y salud, donde no va a funcionar la gestión del riesgo en salud, ni tampoco se ve viable la transición. Nadie entiende porque se acaba la libre elección para la gestión de su o mi salud. Nadie cree que el ADRES tiene la capacidad para realizar las funciones que se le asignan y que seguramente como institución la llevará a su nivel de incompetencia.

Y como si lo anterior fuera poco, luego conocimos la chambonada, y perdón la palabra, que este proyecto no tiene aval fiscal de Minhacienda y que para la ponente no lo necesita.

¡Pues sí lo necesita! Primero porque como reconocen expertos y también hacienda, tiene un costo adicional entre 6,7 y 11,3 billones anuales, segundo porque como lo señala el CARF no tiene espacio en el marco fiscal de mediano plazo y tercero porque la Ley 819 de 2003 lo exige.

Todo lo anterior se resume en un “Frankenstein” de tal proporción que el mensaje es de SOS al Senado para que revise a fondo la iniciativa en función de los deseos legítimos de salud y que evalúe que de ser aprobada muy posiblemente se caería en la Corte generando una terrible e innecesaria frustración.

A los senadores, como dijera mi abuela, “Más vale ponerse colorado una vez, que ciento descolorido”.

*Rector Universidad EIA

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