En los últimos tiempos, los gobiernos de turno en Colombia han trazado como política el sometimiento a la justicia de un determinado grupo delincuencial, buscando su desmovilización y cesar con las acciones delictivas, a cambio de aplicar unas penas más benignas para quienes se acojan a las condiciones que se exigen para el efecto.

Primero fue con el paramilitarismo; se les ofrecieron penas de cárcel benignas hasta de ocho años, a cambio de la desmovilización y la delación de los colaboradores; se encargó de la aplicación de la legislación excepcional a unas salas especiales en algunos Tribunales Superiores de la justicia ordinaria. Cuando comenzaron a delatar a los políticos que les colaboraban, se armó un caos nacional; se terminó con la extradición de los principales cabecillas; pero el gran balance para el país, fue su sometimiento y desmovilización.

Luego vino la política de paz con las Farc en los Acuerdos de La Habana, también con una justicia de sometimiento, penas cortas y alternativas, con exigencias de verdad y reparación.  Para llevar los procesos se creó la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, un tribunal especial, creado después de ocurridos los hechos, cuyo resultado está por verse después de varios años, con alto costo para el erario público.  Sin lugar a duda ha habido desmovilización. 

Los delitos en juego, eran todos, desde asesinatos, secuestros, extorsiones, reclutamiento de menores, abusos sexuales, rebelión, narcotráfico, etc., es decir, la política de sometimiento para los alzados en armas de las FARC es el escenario más generoso que el país le ha brindado a los subvertidos, para buscar la paz.

Ahora nuevamente replican campanas que anuncian una nueva política de sometimiento; esta vez para buscar la desmovilización del narcotráfico que impera hace varias décadas en el país y buscar la entrega a la justicia de quienes se ocupan de esa industria macabra.  Se proponen penas alternativas hasta de ocho años, a cambio de una desmovilización total, con reparación a las víctimas, respeto por la vida. Faltaría definir que tribunales van a aplicar la futura ley de sometimiento; esperamos que sea la justicia ordinaria y no incurrir nuevamente en el error de crear nuevos tribunales, que como la JEP no se hacen otra cosa que abrir macro procesos, cuando todos en Colombia lo que queremos es que se cierren.

Esta es la iniciativa del nuevo gobierno para tratar de poner fin a la industria del narcotráfico en nuestro país; tarea difícil por tratarse de una empresa del mal internacional que no va a parar su actividad frente a una política de esta naturaleza; sin embargo, vale la pena intentarse.

Lo que nos preguntamos, es muy simple; ¿si se pudo con los paramilitares y los guerrilleros, por delitos gravísimos y de lesa humanidad? ¿Porque no puede hacerse con el narcotráfico?    Creemos que bien vale la pena intentarlo.