Hay amplio debate por la discusión del proyecto de Ley que reforma el sector de las TIC, sector que hoy por hoy es altamente estratégico y permite que Colombia se inserte en una economía cada vez más globalizada y soportada en el conocimiento. Hay un claro propósito y fundamento de política pública en las diversas alocuciones del Señor Presidente Duque en cuanto a conectar al total de colombianos a la red global, pero es posible que en la filigrana de la ley ello no se refleje, tal vez por los intereses particulares que tradicionalmente permean estos procesos.

Así, se debe analizar a fondo, como indicamos en anterior columna, si conviene alargar plazos de permisos de espectro a más de diez años y si es conveniente su pago en especie y no al mayor valor posible, para ahí si financiar transparentemente y mediante concurso la conectividad de última milla de colombianos tanto rurales como urbanos en los barrios más deprimidos.

En este escenario, recibimos con mucho agrado el anuncio del  Presidente en la Asamblea de la CCIT de abrir a la brevedad una licitación pública para la administración del dominio .Co ad portas del final de la concesión actual. En su momento hace casi 10 años denunciamos en esta columna que con el concesionario actual y con su proceder el uso del dominio se desfiguraría en detrimento de las empresas colombianas, lo cual es más que evidente en las proporciones insignificantes de uso de dominios .Co por empresas colombianas en contraste con el uso y abuso de empresas extranjeras de un recurso que hoy día es fundamental en la economía digital de un país; más aún cuando el socio colombiano del concesionario vendió toda su participación por más de una centena de millones de dólares su operación que terminó en manos de un fondo de inversión extranjero sin mayor interés en desarrollar la industria digital colombiana.

Señor Presidente, Señora Ministra, es importante que en esta nueva etapa de concesión para la administración del dominio se establezca la condición de que éste sea operado por un administrador de capital mayoritariamente nacional y con compromisos específicos de promocionar y desarrollar el uso de dominios en el tejido empresarial del país para que sea una realidad su inserción en la nueva economía global.

Finalmente, hacemos un respetuoso llamado para que se acelere la subasta de 700MHz, sin esperar los resultados de la ley, puede esta avanzar y ahí si es fundamental que se establezcan claras obligaciones de cubrimiento, con definiciones técnicas precisas de áreas y porcentajes de población urbana y rural y velocidades efectivas, no como en la pasada subasta de 4G donde con colocar una banderita en la plaza del pueblo se podía cumplir y pasar la página.

En pleno auge de la globalización el uso adecuado y debidamente regulado de las llamadas Nuevas Tecnologías, es vital para el desarrollo político, económico y cultural de nuestro país. Debemos tener mucho cuidado con las decisiones que en este campo se toman lejos de nuestras fronteras y que afectan en materia grave nuestra propia autonomía y nuestros intereses como país.

Adenda:

Cerrar la brecha digital a fin de alcanzar los niveles necesarios de la modernidad puede costarnos en la próxima década unas metas cercanas a los cien millones de dólares y no tenemos a la vista de donde acopiar esos recursos.