No es aventurado afirmar que la situación política en Venezuela alcanzó un nivel extremo de crisis política porque el régimen Maduro sumió al país en un conflicto de soberanías- la gubernamental contra la popular- con dimensiones internacionales. Tanto así que se puede sostener que el hermano país llegó a una especie de “nudo gordiano”, que con el paso del tiempo se ha ido estrechando y cerrando, mucho más por las actitudes y posturas de Maduro que por las de los opositores liderados por María Corina Machado. Aún más, la crisis venezolana está a punto de convertirse en un conflicto irresoluble por los medios convencionales tanto constitucionales como del Derecho Internacional, hasta el punto de que hoy día es necesario considerar seriamente el empleo de una fuerza policial y/o militar internacional principalmente para proveer de un escudo protector a la población civil.
En un hecho que no ha podido ser desmentido el régimen persiste en robarse las elecciones. Por esta razón es importante, como han insistido los presidentes Lulla y Petro, promover o presionar una negociación entre el gobierno y la oposición venezolana. Pero dadas las reacciones que ha tenido Maduro, se le han cerrado las puertas a un pacto de coexistencia política, lo que implica que la única negociación posible sea la de una transición pacífica y democrática en la que se concrete el ascenso de la oposición y la salida de Maduro, sin que esto quiera decir que la izquierda desaparezca del ámbito gubernamental.
Dicho lo anterior, Lula y Petro tienen una responsabilidad histórica enorme y el mundo observa. No pueden terminar siendo los que legitiman al régimen después del burdo fraude. El grueso de la comunidad internacional sabe que lo que hubo el pasado 28 de julio fue una elección en la que, a pesar de todas las circunstancias adversas previas y del momento, los venezolanos salieron masivamente a votar y lo hicieron en contra del gobierno, lo cual no ocurría en Venezuela hace mucho tiempo.
Le queda muy difícil a la comunidad internacional, por lo menos a la democrática, apoyar a Maduro bajo dichas circunstancias. El autócrata está solo en el laberinto que él mismo se labró y solamente le quedan gobiernos como los de Cuba, Nicaragua, Rusia, Irán y China con los que irresponsablemente podría tratar de calentar una guerra fría tropical. En América Latina tenemos gobiernos, en especial los de izquierda, que no son coherentes porque sus decisiones en política exterior y derechos humanos están teñidas por una visión ideológica con la notable excepción de Boric en Chile. De cualquier manera, los gobiernos de Lula y Petro tienen la enorme responsabilidad de llamar las cosas por sus nombres y dejar de hablar sobre Venezuela con eufemismos. En las relaciones exteriores debe primar el lenguaje prudente y elocuente, y hasta elegante, pero esto es diferente al lenguaje cargado de eufemismos que se acerca más bien a lo pusilánime.
Ahora bien, al momento de escribir estas líneas se registran 2.200 personas detenidas, 45 desaparecidas y 25 asesinadas en poco más de una semana de protestas. La represión pues ha sido constante y brutal y no hacer nada efectivo para detenerla es ya inmoral. Lo cierto es que como la ONU ya asumió una postura de no aceptación del fraude, debe ir más adelante y, en concurso con la OEA, diseñar una decisión creativa. Por ejemplo, las “boinas azules” podrían intervenir para evitar más violaciones a los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad como los ya denunciados ante la CPI que dice estar investigando diligentemente.
Y si el régimen Maduro insiste en encapsularse y no permitir la acción de aquellas, inevitablemente tiene que considerarse la opción de una operación policial internacional respaldada con una orden de comparecencia ante la CPI, la cual contaría con apoyo militar creíble de una fuerza combinada organizada por países latinoamericanos destinada a realizar una operación de extracción de determinados personajes encabezados por Maduro, momento en el cual las “lealtades” mostrarán su cara de complicidades que abandonan el barco.