A dos manos
CONSTITUIR un fondo de asistencia financiera para casi 10 mil colombianos que ya salieron del lío venezolano, compartirles algo de ganancias del comercio, industria y bancos, y destinarles recursos provenientes de extinción de dominios y contrabando, les facilitaría la vida a nuestros deportados. Sacarlos a todos de cambuchos, reubicarlos en regiones que los acojan, engancharlos en puestos de trabajo urbanos y rurales, afiliarlos a EPS, reincorporar niños y jóvenes a escuelas y colegios, y darles vivienda popular sin ahorro forzoso, complementarían el apoyo a familias maltratados en Venezuela.
Consejo gremial podría reunirse y abordar tema del empleo para estos lastimados colombianos en frontera. Cada presidente de gremio económico podría tenderle do manos para que empresas que representa, digan sí a vinculación laboral de estas personas. Abrir vacantes para darles ingresos a unas 10 mil familias no va a quebrar a ninguna compañía en Colombia.
Gobierno tiene la opción de recomendarles a contratistas de obras civiles, principalmente carreteras, que vinculen mano de obra proveniente de Norte de Santander.
Federación Nacional de Cafeteros haría bien en facilitarles participar en la recolección de cosecha cafetera mayor, próxima a recolectarse en el país. En las fincas cafeteras se les daría hospedaje, alimentación y salud a estos hombres y mujeres angustiados. La misma gestión podría adelantar Asocolfores, en recolección y empaque de ese cultivo de exportación. Los ganaderos, igual, los arroceros e industria láctea.
Grandes superficies e hipermercados darían buen ejemplo social si convidan a estos ciudadanos heridos de patria a trabajar en almacenes como empacadores, impulsores o vendedores.
Empresas de salud podrían estirar presupuestos y acoger a estas familias que carecen de asistencia médica, hospitalaria y medicamentos. Sin cuota moderadora en una primera etapa. El Fondo de asistencia financiera para expulsados de Venezuela contemplaría un censo riguroso y podría nutrirse con lo que empresas llaman balance social, rindiendo sus utilidades y compartiendo aportes de usuarios y proveedores.
El país cuenta con plata que proviene de extinción de dominio al narcotráfico y decomiso de contrabando. Parte de estos recursos bien caerían en manos de gentes pobres que necesitan financiarse para reinventar sus vidas.
Entidades financieras del país tienen un compromiso social con familias expulsadas por el régimen venezolano. Unas gotas de esperanza a través de lo que cada día suman en retenciones, cuotas de manejo y tarifas por depósitos, sobregiros y créditos, bien irían a socorrer a los nuestros en la frontera.
Escuelas y colegios públicos y privados, SENA y las secretarías de Educación ya deberían tener un plan conjunto para que muchachos sacados a empujones de Venezuela estudien y se capaciten gratis. El drama se humaniza si todos ponemos a dos manos.