En la inauguración de un colegio en Arauca, el presidente Petro expresó lo siguiente este fin de año: “Yo les diría a los grupos armados: hagamos un pacto con el gobierno. Dejemos que el pueblo decida cuáles son las directrices, cuanta plata hay que invertir, el Estado se compromete a poner la plata y el grupo armado se compromete a que el fusil se oxida. Y punto”.

A los que todavía nos tomamos el trabajo de leer con atención y tratamos de interpretar con honestidad mental las profusas declaraciones el presidente Petro, nos llamó la atención esta inesperada intervención suya, precisamente en uno de los fortines territoriales del Eln como es Arauca.

Si esto que dice Petro es en serio y lo lleva a la práctica, sería una revolución copernicana en la manera como se ha venido intentando organizar la llamada “Paz Total”. Pero si simplemente se trata de unas cuantas frases calenturientas soltadas bajo el apremio del sol araucano, terminará como suelen acabar casi todos los anuncios presidenciales: en nada.

Veamos. “que el pueblo decida cuales son las directrices de la paz”. Ya no sería el presidente de la República que, según mandato de la Constitución, es el rector de lo que se haga en Colombia en materia de paz y de orden público. Será el pueblo. Muy bien. Pero ¿Cómo se expresarían esas directrices populares? ¿Mediante consulta? ¿Mediante plebiscito? ¿Mediante referendo? ¿Mediante elecciones? ¿Mediante tumultos callejeros convocados por la casa de Nariño? No se sabe: de lo dicho resulta imposible sospechar siquiera cómo es que el pueblo se manifestaría. La idea queda lanzada pero su implementación queda en las tinieblas.

Sigamos. Los alzados en armas son los que dicen cuántos recursos necesitan. ¿Hay parámetros para estimar la razonabilidad de los pedimentos económicos que formulen los insurgentes? ¿Quién los tabula? ¿Tienen que estar enmarcados en los límites y posibilidades del presupuesto nacional? No se sabe: ¡Que digan cuanto cobran para firmar la paz y eso basta!

Y, por último: la chequera infinita -o que Petro cree infinita- sale a relucir. Por plata no hay problema, dice el presidente en la rivera del Arauca vibrador: cualquier suma que se pida para oxidar los fusiles la pone el gobierno sin ningún problema. Y punto.

Buscar la esquiva paz es siempre plausible. Las llaves de la paz no se pueden botar al fondo del mar. Hay que persistir en ello. Pero el modo y los procedimientos para alcanzarla no puede confundir lo factible con lo ilusorio. No se puede caer en una fantasía adicional cuando se está deshaciendo como un castillo de arena la denominada “Paz Total”.

Si las cosas van como van, ¿Qué tal si a la búsqueda de la paz le agregamos ahora ignotas participaciones plebiscitarias de la ciudadanía, tabla rasa a los alzados en armas para formular pedidos económicos de cualquier monto, y chequera sin límite para atender los pedimentos de los alzados en armas- por descabellados que sean- para oxidar los fusiles?

El gobierno, y muy concretamente el presidente Petro, tiene que definir con urgencia y detalle cuál es su política de paz. Lleva más de un año hablando de ella: ahora debe gerenciarla. “Menos retórica y más orden” debería ser la consigna en adelante.

 Quienes deseamos que la paz fructifique algún día en Colombia queremos aportar nuestro grano de arena formulando una pregunta simple pero fundamental: ¿cuál es el orden y cuál la gerencia que parecen estar faltándole al proceso de paz que actualmente se adelanta?

Para comenzar, debería explicarse si la furtiva declaración de Arauca es un giro a la “política de paz total” o es apenas un florilegio verbal momentáneo. Si lo primero, se debe informar cómo se va a implementar ese giro copernicano en el diseño de la política de paz; si lo segundo, deberían ordenarse con menos retorica, pero con más eficiencia los diálogos que están en marcha dentro de la caótica “paz total”.

El Espectador (en su excelente sección Colombia+ 20 del pasado 2 de enero) hace un completo análisis de lo poco que se ha avanzado en los diálogos a varias bandas en los que está empeñado el gobierno, las causas por las cuales se han enredado, y lo mucho que falta. Faltante que podría recogerse como los grandes propósitos de mejoría de la paz para el 2024, si es que realmente se quiere sacarla adelante.

En cuanto a los diálogos con el Eln informa que apenas se está empezando a avanzar en lo que se ha llamado las consultas con la sociedad civil. Se han surtido 53 encuentros -informa ese periódico- de los 77 previstos. Surtida esta maratón de reuniones se deberá producir el “plan nacional de participación”, y solo después de esto- en mayo de 2025 (cuando al gobierno Petro le faltará un poco más de un año de mandato- comenzarían las negociaciones sobre los temas de fondo según se acordó en los protocolos suscritos con este grupo en la ciudad de México.

Estos diálogos se han visto entorpecidos últimamente. No solo por la discusión sobre el tema del secuestro, sino por las frecuentes interferencias de Antonio García que le ponen más bulla que claridad al empeño de avanzar en el propósito de la paz.

Una primera recomendación que quizás sea útil es esta: definir que solamente los jefes de las mesas de negociación (es decir Vera Grave y Pablo Beltrán) quedan autorizados en adelante para hacer declaraciones públicas sobre la marcha del proceso. Hay que recordar que Antonio García no hace parte de la delegación negociadora del Eln, así ocupe una alta jerarquía dentro del Coce.

El excelente informe que ha quedado citado “El Espectador” da cuenta además que con las disidencias de las Farc los diálogos no han avanzado mayor cosa; igual sucede con la llamada segunda Marquetalia con relación a la cual está también pendiente la decisión del gobierno de si le va a otorgar o no estatus político.

En lo que toca con el Clan del Golfo, los diálogos están suspendidos desde cuando este grupo interfirió torpemente en el paro minero del nordeste antioqueño. Destaca el informe citado que “se han cometido varios errores porque durante el liderazgo de Danilo Rueda se hacían acuerdos, pero no se cumplían por falta de personal o reglamentación”. Si es para mejorar la eficacia administrativa del proceso de paz, el aumento de personal en la oficina del alto comisionado que se anunció este fin de año puede tener justificación.

En lo relacionado con las posibilidades de avance de las negociaciones con el Clan del Golfo y con las autodefensas de la Sierra Nevada- que no tienen carácter político- todo el proceso está suspendido hasta que, de acuerdo con el reciente fallo de la Corte Constitucional, se tramite un proyecto de “ley de sometimiento” que, a la fecha, ni siquiera se ha radicado por el gobierno en el Congreso.

Y finalmente: los diálogos con las bandas urbanas de Buenaventura, Medellín y Quibdó también están cuasi paralizadas por falta de gestión y orden administrativo.

En síntesis: a la fecha, el mosaico de buenas intenciones de la “Paz total” está paralizado o sometido a instancias previas que no se han surtido. 

Por tanto, no es el momento de ponerse a inventar nuevas variantes como las que sugiere la declaración de Arauca en lo que sería una “paz plebiscitaria”. Lo que debe seguir en adelante es aplicarse a reorientar con orden y gerencia el ya enredado mosaico de la “Paz Total”.