La inédita y reciente declaración de la presidente en ejercicio de Perú, Dina Boluarte, señalando al actual presidente de Colombia, Gustavo Petro, como persona non grata en el Perú, es una confirmación a Keiko Fujimori y al Congreso del ese país. Petro, quien indignado reclamó en la Celac del pasado 24 de enero sobre la destitución del izquierdista Pedro Castillo, volvió a decir que la policía del hermano país se había comportado como nazi, a raíz de su incursión a la Universidad de San Marcos.
Y lo declaró pocos días después que siete policías fueran masacrados en una emboscada de remanentes de los “terrucos” (terroristas) de Sendero Luminoso en Picharí, Cuzco, reconocidos “porteadores” de cocaína hacia el pacifico (Vraem) o hacia Brasil vía Loreto. Repitió la acusación que en su momento hizo contra el propio Estado colombiano: Estado nazi. Lo mismo dice el mandatario ruso, Vladimir Putin, de Ucrania.
Desde la guerra con el Perú en el 34, Colombia no había tenido un comportamiento político tan errático, especialmente con sus vecinos limítrofes. Nunca se criticaron los generales golpistas peruanos Juan Velasco Alvarado (1968) y Francisco Morales Bermúdez (1975), aunque sí se recibió asilado al expresidente Alan García en 1992.
Las dos visiones políticamente opuestas de Fujimori y Boluarte refuerzan la posición del Comité de Relaciones Exteriores que el 10 declaró: “Expresamos nuestro rechazo a las inaceptables expresiones (…) que constituyen una ofensa a nuestra Policía Nacional del Perú (…)”. El 15, Keiko Fujimori le espetó a través de medios al primer mandatario colombiano, funcionario a quien rotuló de guerrillero: “le voy a pedir públicamente que no meta su nariz roja en el Perú”. El 18, el Congreso en pleno, junto con la declaración de persona non grata, exhortó a los ministerios de Interior y Relaciones Exteriores a llevar a cabo "las gestiones necesarias" para garantizar que Petro "no ingrese al territorio nacional". Y el pasado 19, la presidenta Dina Boluarte le dijo a Petro que “no se meta donde no lo han llamado” y se dedique a “gobernar a Colombia”.
Mientras Petro está embarcado en una paz total que persiste en hacer agua, Castillo implementó el Pacto Ciudadano entre la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas (Devida) y cocaleros, para la erradicación “voluntaria y progresiva” de cultivos ilegales. En su pasada charla en diciembre en Lima, en la Alianza Pacífico, esa “flexibilización” de la lucha antidrogas de los últimos meses podría ser la explicación de algún tipo de convenio entre los dos más grandes productores de cocaína en el mundo y de la furia de Petro.
El embajador plenipotenciario de Colombia en Perú no se ha pronunciado al respecto, aunque la Cancillería lo hizo el pasado domingo, interpretando “…que este es un acto de carácter político del órgano legislativo del Perú, que no compromete al pueblo y, por lo tanto, no afecta la histórica relación con la hermana nación”.
No solo del Congreso, señor Canciller. Tanto de la izquierda como de la derecha hay reclamos justificados contra Gustavo Petro Urrego, quien se encuentra en medio de una turbulencia política y social.